Una juez ha condenado al Ayuntamiento de El Campello a que revise de oficio en un plazo de seis meses la bajada de sueldo del 5 por ciento que aplicó a funcionarios del grupo E y que estos recurrieron en un juzgado.
Un decreto del gobierno central del año 2010 estableció una bajada del 5 por ciento de los sueldos de los funcionarios del Estado, mientras que para los del grupo E, la escala más baja, era del 1 por ciento.
Muchos ayuntamientos, entre ellos el de El Campello, interpretaron que la bajada era del 5 por ciento y este así lo aplicó, lo que provocó que unos 50 funcionarios afectados en el consistorio presentasen un recurso.
La magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha fallado ahora a favor de los trabajadores y obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio esta medida. No obstante, puede apelar contra la sentencia en el plazo de quince días.
En el caso de que finalmente opte por no recurrir, revise el expediente y dictamine a favor de los funcionarios, el Ayuntamiento deberá abonar en total 60.000 euros, según explicó ayer el sindicato SPPL, uno de los tres que ha apoyado a los empleados, junto con Comisiones Obreras y UGT.
Jurisprudencia
El Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPL) afirmó que ya existe jurisprudencia en este sentido, con una sentencia de un juzgado de Valencia que ha fallado en contra de un consistorio y le ha obligado a pagar la diferencia de salario que dejaron de percibir los empleados.
El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, afirmó ayer que desconocía la sentencia, pero recordó que en el pleno del mes de noviembre intentó alcanzar un acuerdo con los partidos de la oposición para llevar a cabo la revisión del expediente y estos rechazaron la propuesta.
Mientras, Esquerra Unida (EU) entiende que la aplicación del decreto de José Luis Rodríguez Zapatero del año 2010 es el "atentado más grave a los derechos laborales de la clase obrera" en los 30 años de democracia, "practicando políticas regresivas y neoliberales con el único objetivo de beneficiar a los bancos y demás entidades financieras".
La edil de EU, Raquel Pérez, felicitó a los sindicatos por su éxito y les ofreció su colaboración, al tiempo que criticó al concejal responsable de recursos humanos y al alcalde por su "torpeza" al tener que sufragar desde las arcas municipales un gasto "innecesario, que se podría haber evitado si hubiera atendido las peticiones de los sindicatos antes de que estos tuvieran que recurrir a un contencioso administrativo".
