La Asociación de Afectados por la Rehabilitación de Santa Isabel denuncia una presunta ilegalidad en la concesión de subvenciones por parte de la Generalitat para la rehabilitación de cinco bloques de Santa Isabel. Según denuncian estos ciudadanos, ellos no solo no solicitaron ni percibieron ayudas, sino que el listado de supuestos beneficiarios de estas ayudas otorgadas en 2010 aparecen personas fallecidas hace años o décadas.

La presidenta de la citada entidad, Ma Ángeles Martí, ha explicado que el barrio se rehabilitó tras un acuerdo entre Ayuntamiento, Generalitat y el IVVSA con un proyecto "que nos impusieron a los vecinos" para mejorar la imagen de la entrada a San Vicente. La asociación opina que "con un presupuesto más reducido se podrían haber saneado y pintado las fachadas". Esto se hizo con subvenciones que el Ayuntamiento recibió de la Unión Europea y la Conselleria de Obras Públicas.

Sin embargo, al parecer la Conselleria de Hacienda detectó un problema legal pues las subvenciones se debían conceder a particulares y no al Ayuntamiento, apuntan los afectados. "Por ello la Generalitat y el IVVSA empiezan presuntamente a realizar ajustes contables retroactivos consistentes en simular unas solicitudes de subvención para rehabilitación de la vivienda habitual por parte de los propietarios de los pisos".

Todo esto -agrega el colectivo- se hizo "de espaldas a los propietarios" a quienes se declaró retroactivamente "beneficiarios de subvenciones para vivienda habitual" aunque no vivieran en ellas.

Es más, "el hecho de haber fallecido incluso el siglo pasado no ha supuesto ningún impedimento para solicitar y aceptar una subvención en 2010". Según explican, estos beneficiarios fallecidos -que figuraban en el Registro- habrían cedido al IVVSA el derecho a percibir la subvención.

Economía familiar trastocada

La entidad estima que "el procedimiento de concesión de subvención es absolutamente contrario a la ley, sin solicitarla los supuestos beneficiarios, sin aceptarla, sin tener disposición de dinero ni acceso a ninguna decisión sobre empleo del mismo" y ve "una clarísima intencionalidad de esconder información sobre la concesión de estas subvenciones no solicitadas a los supuestos beneficiarios. El problema que ahora se encuentran estos vecinos es que supuestamente habrían registrado un incremento patrimonial inusitado en 2010 que han tenido que declarar este año en el IRPF, "lo cual trastoca completamente sus economías familiares, sus obligaciones fiscales y sus derechos a la percepción de cualquier otra ayuda".

Mientras, la portavoz de Esquerra Unida, Mariló Jordá, considera "un fraude" esta subvenciones y destaca que "el aumento patrimonial afecta únicamente a aquellos propietarios que sí estaban al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración". La edil critica "la inhibición de Luisa Pastor ante los problemas que esta subvención acarrea a los vecinos" y acusa al PP de ocultar información a los vecinos.

Fuentes de la Conselleria de Territorio explicaron ayer que los vecinos de Santa Isabel "tienen obligación de tributar como cualquier contribuyente que reciba una subvención" y que la tramitación "no se ha hecho de forma diferente". La Generalitat apunta que la rehabilitación "al fin y al cabo es una subvención" y, en cuanto a las personas fallecidas, señalan que "no podemos hacer una valoración si no nos facilitan el listado de estas personas".