Las reformas del barrio Santa Isabel que subvenciona la Generalitat a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) implican para los beneficiarios cargas que representan en la declaración de la renta el pago de unos 1.000 euros, según denunciaron ayer el portavoz del PSOE Rufino Selva y afectados. Lo califican de "atropello" y posible "fraude administrativo", denunciando que no habían sido advertidos de ello. Por su parte desde el Ayuntamiento señalaron que se informó a los vecinos de estas repercusiones, que por otra parte no competen al Consistorio, y que se trata únicamente de la aplicación de la legislación vigente.
Selva ha pedido explicaciones al PP por este cargo que desde la Generalitat se pasa en las liquidaciones del IRPF, en concepto de subvención como ganancia patrimonial de más de 9.000 euros, a cada uno de los propietarios de las viviendas rehabilitadas en el barrio Santa Isabel, referentes a la segunda y tercera fase.
El regidor aseguró que "ahora el PP nos viene con esto cuando jamás ha informado de esta repercusión a los vecinos, máxime cuando en todo caso es preceptivo y legalmente exigible su notificación previa, ya que el ente gestor de la actuación debería haber informado a los propietarios de este extremo, algo que no se ha hecho. Además, con esta nueva consideración que introduce la Generalitat hacia los vecinos se generará un agravio difícil de solventar, ya que la vivienda objeto de ayuda no se podrá ceder "intervivos" por ningún título, ni modificar el régimen de uso, durante el plazo de diez años, desde la concesión de ayudas sin cancelar previamente el préstamo cualificado y recabar la correspondiente autorización administrativa, previo reintegro a la administración concedente de los subsidios y subvenciones recibidos, con los intereses legales devengados".
Selva explicó que "a esta normativa a la que se ha acogido el PP legalmente existen excepciones contempladas en la Ley, que no se han previsto y desde el PSOE vamos a exigir responsabilidades, ya que entendemos que esto además de ser una tomadura de pelo hacia los ciudadanos, supone un presunto fraude administrativo y otro intento de extorsión económica más del PP hacia los vecinos", agregando que "sabíamos y hemos dicho que el PP nos sale cada vez más caro, pero no les vamos a pasar ni una, no es esto lo que los vecinos han votado en San Vicente, y si lo es que Luisa Pastor lo explique y dé la cara".
Borrador de 2010
Este asunto se ha desvelado una vez que los propietarios han recibido el borrador de la renta 2010, donde en concepto de Rendimientos Explícitos del Capital Mobiliario aparece la Generalitat como "declarante" de importes en concepto de subvención satisfecha por las administraciones públicas, que van desde 9.000 a 12.000 euros en función del importe de la reforma de cada bloque, que fiscalmente al superar los 1.000 euros (al tratarse de una subvención), obliga a los contribuyentes a realizar la declaración de IRPF, cuando la mayoría de vecinos o bien no llegaba al nivel de renta para realizar la declaración o tenían declaraciones a devolver, y ahora en su mayor parte les saldrá una declaración a pagar de alrededor de 1.000 euros por contribuyente, destacó el edil socialista.
También lamentó que la Generalitat ha repercutido el importe de los vecinos que están "ilocalizados" al resto de propietarios de cada bloque y exime del pago a los bloques rehabilitados de la primera fase. Los vecinos ya están agrupándose en una plataforma para defender sus derechos legales.
Por su parte fuentes del equipo de gobierno señalaron que las subvenciones en materia de vivienda se deben declarar como incremento patrimonial, según establece la Ley vigente, y que a los beneficiarios de la primera fase no les afectó ya que la legislación era otra y cambió posteriormente. Del mismo modo negaron que los vecinos no hayan sido debidamente informados de que esas ayudas iban a repercutirles en la declaración de la renta, recordando que sin aceptar esta fórmula no se podía llevar a cabo la rehabilitación de fachadas y zonas comunes de los bloques. La Generalitat ha reformado ya 12 de los 23 bloques y precisamente acaban de comenzar las obras de otros tres edificios, cuyo coste es de un millón.
