El cese de Rafael Sala como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mutxamel es para el grupo municipal del PP el último capítulo de un sinfín de cambios y decisiones tomadas por la alcaldesa, Asunción Llorens, que tienen paralizado al departamento.

Sebastián Cañadas, portavoz del grupo municipal del PP en Mutxamel, aseguró ayer que aunque al cambio de Sala -que pasa a ser el responsable de Relaciones Institucionales y tercer teniente de alcalde del Consistorio- se le quiera dar tintes de normalidad "los comentarios sobre que el edil cesado no estaba de acuerdo con algunas de las actuaciones que se estaban llevando a cabo en el departamento eran constantes". En este sentido aseguró que existen unos 26 proyectos urbanísticos -desde la propia elaboración del PGOU, actuaciones en distintas urbanizaciones o la tramitación de varias proyectos DIC (Declaración de Interés Comunitario)- que están pendientes de resolución desde hace varios años.

Para Cañadas no es casual que en los tres años que han transcurrido de legislatura hayan pasado cuatro funcionarios por la dirección del área de Urbanismo.

Empresa pública

Además, destaca que hace unos dos meses se creó la empresa pública de gestión de suelo en la que se designó gerente al abogado Carlos Abad, un nombramiento que no escapó a la polémica -incluso dentro de la agrupación socialista de Mutxamel-, principalmente por el sueldo de 45.000 euros anules que percibe el abogado y porque el cargo le permite continuar siendo representante legal de algunas empresas con intereses urbanísticos en el municipio. Curiosamente, Sala no tenía ninguna competencia en esta empresa.

Sin embargo, la alcaldesa, Asunción Llorens, y el propio Sala niegan públicamente que el cese se deba a enfrentamientos en la gestión del urbanismo municipal y mucho menos que sea una represalia.