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l Ayuntamiento de El Campello dio a conocer ayer el esperado informe de la legalidad de las alturas del plan urbanístico de Cala Lanuza, solicitado hace 18 meses y que reconoce irregularidades en el proyecto que han sido subsanadas mediante un acuerdo de la junta de gobierno. El Consistorio celebró en la mañana de ayer una reunión informativa para dar a conocer el contenido de este documento, que admite que la rasante del proyecto que dio el Ayuntamiento con la licencia de obras no coincide con la realidad. La oposición y vecinos denunciaron que este proyecto de 127 apartamentos turísticos vulneraba la licencia concedida, que era de planta baja más dos alturas, y consideraban que la edificación tenía cuatro alturas de más.

El portavoz del equipo de gobierno, Juan José Berenguer, explicó ayer respecto al informe que "lo primero que certifica es que el edificio está bien. El problema estaba con la rasantes. Todo lo que se halla por debajo de la rasante no existe y por ello es importante saber dónde está, y pese a parecer algo sencillo resulta complicado", ya que señala que la rasante que se dio con la licencia de obras no era correcta y ese proyecto era imposible de cumplir. Ante esta divergencia había que ajustarse a la rasante del plan parcial Virgen del Carmen, pero éste a su vez no se corresponde con la existente de la calle, que es el única tangible, por lo que el Ayuntamiento ha decidido acogerse a la rasante de la calle, solución que fue propuesta por la promotora Enypesa. El informe estima que la divergencia en la altura de la construcción, entre la licencia concedida y la modificación realizada ahora, es de sólo tres metros, muy lejos de las cuatro alturas que denunciaban los vecinos y oposición que había.

Berenguer explicó que pese a que desde la playa parece que la obra tiene más alturas, lo que cuenta es desde la rasante de la calle y "desde ahí es bajo más dos alturas", tal y como certifica el informe municipal, reiterando que "lo que ha habido es una discrepancia en la interpretación de la rasante".

La construcción de los apartamentos está prácticamente ya finalizada, y lo que quedan por levantar son las zonas comunes y urbanizar el entorno. Este proyecto fue denunciado por los vecinos y EU ante la Fiscalía Anticorrupción y la UE, abriendo una investigación ésta última. La polémica arrancó en octubre de 2006 y tras 18 meses ahora se hace público el informe que entonces anunció el Ayuntamiento. Berenguer asegura que "este retraso se ha debido a que queríamos que todo quedara claro", destacando que el cambio de las rasantes se hubiera podido realizar igualmente hace dos años. Pese a ello el edil reconoció que este cambio debería haberse realizado hace dos años y no ahora, con la obra ya terminada.

Del mismo modo asegura que la solución adoptada por el Consistorio es la más beneficiosa para el Ayuntamiento, para salvaguardar sus intereses, ya que de haber elegido otra salida que hubiera afectado al edificio la promotora podría haber llevado al Consistorio a los tribunales, ya que ésta contaba con una licencia concedida y podría haber reclamado una indemnización. En cualquier caso Berenguer subrayó que "si hubiera hecho falta ir contra la construcción. de haber sido ilegal la obra, hubiéramos ido a por ella".

Costas dificulta

la urbanización del entorno

Una vez que el Ayuntamiento ha subsanado las discrepancias de las rasantes, ahora quedan dos problemas por solucionar: la urbanización del entorno y la catalogación de apartamentos turísticos. Por una parte la promotora, el Ayuntamiento y Costas están ahora tratando de desbloquear el resto del proyecto. Los apartamentos están ya construidos, y lo que queda por realizar es la urbanización del entorno. Mientras que en cuanto a la parte del litoral que le compete a la Conselleria parece haber un principio de acuerdo, con el Ministerio la situación es más complicada con la zona de servidumbre de paso, según fuentes municipales.

Por otra parte, otro de los aspectos polémicos es que lo que se construyen son apartamentos turísticos, gracias a lo cual se incrementó la edificabilidad, denunciando la oposición que realmente eran casas normales que se vendían a particulares. El Ayuntamiento insiste que hasta que la Generalitat no le conceda la licencia de apartamentos turísticos, no dará la licencia de primera ocupación. La ley permite la venta de estas casas pero restringe su adquisición y explotación mediante empresas especializadas. La promotora ya ha vendido los 127 apartamentos.