El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, avanzó ayer que la Autoridad Portuaria tiene previsto aprobar en el consejo de administración que celebrará el jueves un recurso de reposición contra el decreto de la Concejalía de Urbanismo que dirige su socio de gobierno, el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, por el que se le da a la entidad portuaria hasta el sábado para que solicite la licencia ambiental para ejercer la actividad de carga, descarga, transporte y almacenamiento de graneles en el puerto de Alicante. Echávarri forma parte del Consejo, al igual que Pavón y el portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, los tres líderes del gobierno municipal tripartito.

El primer edil considera que en el tema de los graneles existe «controversia jurídica» sobre quién es el sujeto que debe pedir los permisos. «La Conselleria de Medio Ambiente dice que es la Autoridad Portuaria, pero el Puerto mantiene que tiene un informe de la Abogacía del Estado que se leyó además en el último consejo donde se afirma que la titularidad es de las empresas. A partir de ahí, creo que esto acabará en un contencioso que decidirá cuál de los dos informes es el válido y decidirá el sujeto obligado ya que ambos informes son legítimos y correctos. Eso sí, a partir de ahí al sujeto obligado se le exigirá todo».

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo siguió ayer discrepando del alcalde al mantener que la Autoridad Portuaria es la titular de los graneles. Pavón motiva su decreto instando al Puerto a solicitar la licencia ambiental a que «éste y no las empresas estibadoras» han solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente autorización para emitir a la atmósfera, por lo que entiende que se considera titular de las actividades. «Además, no se puede dar la licencia ambiental a unos y la utilización atmosférica a los otros».

De este modo, justifica también su cambio de postura respecto a septiembre de 2013, cuando estando en la oposición como concejal portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida pidió al Ayuntamiento, dirigido entonces por la popular Sonia Castedo, que instara a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a exigir a tres mercantiles que tramitaran de inmediato las autorizaciones ambientales integradas con evaluación de impacto para las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y almacenamiento temporal de graneles en el muelle 17 del Puerto.

Pavón recordó ayer que el PP archivó esa petición de licencia para cada empresa. «El argumento que usaron para quitárselo de encima fue que no podían exigírselo al Puerto», dijo. El pasado noviembre el edil de Urbanismo envió un escrito al Puerto para someter la actividad a licencia ambiental pero entonces el edil entendía que había controversia sobre la titularidad. «Este año hemos tenido constancia de que la Autoridad Portuaria ha solicitado utilización atmosférica (permiso para lanzar emisiones a la atmósfera) y eso sólo lo puede hacer el titular. Ahora tenemos claro quién es el titular de la actividad y se lo hemos exigido». Pavón señaló que son los técnicos los que consideran que el Puerto, al pedir ese permiso, se ha identificado como tal.