José Manuel Ortín, vecino de Alicante, tenía adjudicado desde el año 2001 un grado de minusvalía del 77% por sus problemas visuales, después de que un glaucoma le hiciera perder visión en un ojo y mantuviera una visión residual en el otro. Desde abril de 2008, sin embargo, tiene ceguera completa tras sufrir una infección y una vitrectomía, por lo que en octubre de ese año solicitó la revisión del grado de minusvalía por agravamiento, tal y como le recomendaron desde la ONCE, al pasar de pérdida de agudeza visual a ceguera, según se refleja en sus informes.
Trece meses después, el pasado mes de noviembre, le avisaron para la revisión en el Centro de Diagnóstico y Orientación, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, y la resolución vuelve a otorgarle el mismo grado de minusvalía o discapacidad (77%), sin que parezca que el empeoramiento de su situación al quedarse ciego haya sido tenido en cuenta.
Ortín ha presentado un recurso administrativo contra la resolución, ya que estima que su situación es merecedora de beneficios como la necesidad de ayuda de tercera persona o de movilidad reducida al tener que manejarse ahora con bastón, solicitudes que le han sido denegadas por el equipo evaluador, pese a los informes de la ONCE, que constatan que en su proceso de rehabilitación y aprendizaje del bastón "depende de los demás para ir a los centros donde se le cita porque no tiene seguridad para desplazarse autónomamente con transporte público".
"Esto es un atropello", señala el afectado, que considera que durante este tiempo "me están privando de derechos que me corresponden y no puede ser que tenga el mismo grado de discapacidad que antes de quedarme ciego". Además del retraso de más de un año en evaluarle, ello le ha impedido solicitar en este tiempo las ayudas de la Ley de Dependencia "para que mi grado se adecuara a la realidad nueva".
Ortín, que dispone de una invalidez permanente del INSS, afirma que "yo no reclamo una pensión, sino la ayuda a la que tengo derecho, porque el error es de ellos, y seguro que hay más personas como yo que se resignan con el nivel que les dicen y no pueden defenderse". El invidente asegura que llegará a los tribunales si es necesario, pero lamenta que "tenga que ser yo el que me meta ahora en gastos de abogados". El afectado agradece la ayuda prestada por los técnicos de la ONCE, donde acude a rehabilitación. En su recurso también incluye un informe médico sobre su baremación, que estima que debe reconocérsele un total de 32 puntos, cifra suficiente para que se determine la necesidad de asistencia de otra persona.
