La Fiscalía de Ankara acusó hoy a Sarah Ferguson, duquesa de York, de un delito contra el derecho a la privacidad en la infancia, por el que pide una pena de entre siete y 22 años de cárcel.

Los servicios sociales turcos y las instituciones de cuidado infantil solicitaron que se actuase contra Ferguson por entrar sin identificarse en sus instalaciones y rodar de forma clandestina a cinco menores, en violación de su intimidad, informó la agencia pública de noticias Anadolu.

Las imágenes con cámara oculta para un documental, en el que se denunciaba las precarias condiciones de los orfanatos y centros para discapacitados en Turquía, las rodó la duquesa de York en septiembre de 2008 y se emitieron en un canal privado británico poco después.

El documental mostraba las condiciones desoladoras de esos centros públicos, en los que algunos niños estaban amarrados a las camas y menores con discapacidad aparecían sin la menor atención tumbados sobre colchones arrojados en el suelo.

Durante la investigación la Justicia turca solicitó de forma infructuosa la cooperación de las autoridades británicas, que alegaron que atender a las demandas turcas dañaría la soberanía y la seguridad del Reino Unido.

La Fiscalía argumenta su acusación aduciendo que la duquesa infringió el artículo 22 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 134 del Código Penal turco, que define la violación de la privacidad de los menores por los medios de comunicación.

Como se la acusa de violar la privacidad de cinco menores, se le aplica cinco veces la pena prevista por ese delito, con lo que puede ser condenada desde siete años y seis meses a 22 años y seis meses de cárcel, si es declarada culpable.

El documental causó un gran malestar en el gobierno turco, que llegó a acusar a la duquesa de York de querer manchar la imagen internacional del país y de perjudicar su candidatura de ingreso en la Unión Europea (UE).

El resto del procedimiento judicial, y el juicio, si finalmente se produce, se llevaría a cabo con la ausencia de la duquesa, dado la falta de colaboración de la Justicia británica, según Anadolu.