E

l PSOE, Los Verdes (LV); y Centro Liberal Renovador (Clr);, respaldaron ayer al PP en la aprobación en pleno de la memoria para que la Generalitat de su visto bueno a que Orihuela se acoja a la ley de Gran Ciudad, que implica la modernización de la Administración local y la dotación de más recursos para el municipio

La de ayer era un sesión consagrada al protocolo y el formalismo, casi institucional, pero de nuevo, la oposición coincidió en "aguarle" la fiesta al equipo de gobierno con debate. No era día para que el PP "vendiera" como herramienta fundamental para fomentar la participación ciudadana ese estatus legal, tras el fiasco de la presentación días atrás de un nuevo reglamento de régimen interior "plagiado" del que rige en Barakaldo. Un texto que, de momento, limita al máximo la presencia ciudadana y el papel de sus representantes en el pleno. La alcaldesa Mónica Lorente (PP); no pudo eludir la sombra de la denuncia de CLr sobre el polémico "copiar y pegar" con el que se ha elaborado el documento.

Para Lorente el lema electoral "confianza" se cumple desde septiembre con la incoación del expediente. Recordó que implica el cambio del modelo orgánico funcional del Ayuntamiento para darle mayor eficacia y dijo que la participación ciudadana es "el pilar" de este cambio porque la "ciudadanía se merece tomar parte en las decisiones estratégicas que conciernen a nuestro municipio".

La oposición ya "no se fía. "Cuente usted con nuestro voto. Pero no con nuestra confianza", señaló la portavoz del PSOE, Antonia Moreno. "Usted pasa de todo, hace oídos sordos, sigue vendiendo peines para calvos, y discurseando en los televisivos mundos de yupi sobre la gestión participativa", sentenció Moreno. Como ejemplo de la falta de eficacia municipal frente a su política de gestos Moreno explicó que de nuevo el pleno debe aprobar ceder el suelo del colegio del Raiguero. Tres ediles de Lorente protestaron con los padres en Valencia para pedir a la Conselleria "agilidad" a ese proyecto.

Los Verdes, a través de Manuel Gallud, incidieron en la inconsistencia de la memoria que se envía a Valencia con detalles como el que se diga que el 25% de la actividad económica se genera en la industria o que aparezcan como estudios universitarios implantados en la ciudad la malograda diplomatura de Turismo.

El concejal Joaquín Ezcurra (Clr); solicitó a Lorente que "no confunda a la ciudadanía" hablando de Orihuela como Gran Ciudad por el hecho de remitir un expediente a Valencia. Ezcurra pidió "menos retórica y más hechos, que deben empezar por tener un comportamiento digno con los representantes de los ciudadanos en el pleno".

La sesión, repleta de invitados para la ocasión, iba a liquidarse en treinta minutos pero se alargó más de hora y media. El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Ortiz, pidió respeto para la alcaldesa y desglosó el amplio abanico de organismos de participación ciudadana con los que contará Orihuela. Mónica Lorente, como es habitual, escogió el momento de su única intervención. Un "discurso" en el que recordó que la "firme apuesta del equipo de gobierno del PP en su campaña electoral por el Proyecto Orihuela Gran Ciudad" -una estatus que puede alcanzar cualquier municipio que rebase los 75.000 habitantes, algo de lo que "disfruta" sin grandes alardes el vecino municipio de Torrevieja-.

Con el famoso borrador del reglamento del pleno en la mano una quincena de miembros del público que estaban ayer de pie, e incluso sentados en el suelo, deberían haber sido excluidos de la sala ya que su presencia "no se ajustaba al número de asientos disponibles".

Primera piedra

Ya por la tarde, la primera edil acudió a La Aparecida para colocar la primera piedra del Centro Cívico con un presupuesto de 968.641 euros. La obra, proyectada en el anterior mandato tendrá una superficie útil de 1.604 metros cuadrados con sótano, planta baja y primera planta. El equipo de gobierno también inauguró las obras de saneamiento de la CV-925 en Hurchillo.

De la mujer a lo aconfesional

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó ayer el nombramiento del alcalde de Murcia, el oriolano Miguel Ángel Cámara Botia, como Caballero Cubierto. Todo fueron parabienes para esta distinción por parte del Partido Popular y Centro Liberal Renovador. También en el caso del PSOE, aunque la portavoz socialista, Antonia Moreno, remarcó ayer que el Ayuntamiento debe abordar el debate de permitir que este reconocimiento, uno de los más señalados de la ciudad, también pueda recaer en mujeres.

Los Verdes no participaron en la votación manteniendo férreamente su postura en contra de que una Administración pública realice la distinción para la persona protagonista de una procesión, la del Santo Entierro del Sábado Santo, que además organiza bajo la autoridad del obispo de la Diócesis. "La Constitución española -dijo el edil Manuel Culiañez- reconoce la aconfesionalidad del Estado y eso afecta a cualquier Administración pública". Culiañez matizó que Los Verdes no tienen nada en contra de esta singular tradición como muestra de acervo cultural, turístico y antropológico pero exigió, también como católico, que sea la Junta Mayor de Cofradías la que designe el cargo y que asuma el coste de organizar la procesión.