El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU); en el Ayuntamiento de Torrevieja, José Manuel Martínez Andreu, anunció ayer que ha denunciando en el Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente el acopio de tierras y las obras que se están realizando en el Parque Natural, concretamente en el enclave donde el PP pretende levantar su Balneario de Lodos, pese a la paralización que ordenó el citado departamento.
El edil aseguró que el citado servicio de vigilancia de Costas efectuará, urgentemente, una inspección a requerimiento de IU para levantar acta de infracción.
En el expediente abierto por Costas, en poder de IU, el fiscal tras la denuncia del Seprona, encargó un informe a la Abogacía del Estado, donde se habla textualmente de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte del ayuntamiento de Torrevieja, concretamente de la Alcaldía, en la invasión de terreno de dominio público-terrestre.
Martínez Andreu considera una burla temeraria y una provocación el seguimiento de las obras aún sabiendo de la prohibición e insta al ministerio de Medio Ambiente para que la fiscalía prosiga en el esclarecimiento de las denuncias efectuadas tanto por el Seprona como por la propia I U.
Para IU se debe impedir la continuidad de este proyecto, al consideralo no solo nocivo para el Parque Natural sino posiblemente fuera de la legalidad vigente y se deben depurar las posibles responsabilidades administrativas y penales si las hubiere.
El pasado 23 de octubre el grupo municipal de IU pidió el acceso al expediente presentado por la empresa constructora del Balneario con las modificaciones de la II Fase, sin que hasta el día de hoy haya podido tener el acceso al expediente, lo cual as juicio de Martínez Andreu significa que "el PP pretende ocultar el complejo diseñado".
Desde desde este partido de izquierdas se recuerda que el gobierno les respondió en las Cortes a las preguntas que realizaron sobre el balneario de lodos confirmando la sanción y paralización de estas obras.
La multa se elevaba a 298.441 euros, 49 millones de pesetas según estipula el art. 97.1 de la citada ley y el expediente sancionador se archivó al no cumplir el requisito de notificación a las partes como así consta en los documentos que obran en poder de IU.
En estos momentos el expediente de concesión administrativa sigue paralizado a la espera de respuesta sabiendo que Costas desestima la obra proponiendo que no se otorgue la concesión administrativa por ser "una actividad que por su naturaleza puede ubicarse fuera del dominio público marítimo-terrestre".
También el gobierno atribuye toda la responsabilidad al ayuntamiento de Torrevieja aunque la financiación sea tripartita al intervenir en ella el Gobierno Central y el Autonómico.
En el mismo sentido la Generalitat descartó su responsabilidad en respuesta a las preguntas formuladas por el grupo parlamentario autonómico de EU.
