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a Conselleria de Medio Ambiente no ha ejecutado las obras de restauración de la Sierra de Redován pendientes desde 2004 y 2005, tras la clausura de dos canteras que extraían los áridos de forma alegal en esta montaña desde principios de los ochenta.

Las actividades fueron cerradas por la Generalitat Valenciana al comprobarse, al margen de otras muchas irregularidades y constantes denuncias vecinales, que en un solo año habían extraído el volumen de áridos previsto para dos décadas.

La zona, más conocida como Sierra de Callosa, está protegida como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC);. Ambas empresas depositaron fianzas económicas al departamento de Medio Ambiente para abordar la restauración junto con sus correspondientes proyectos de recuperación de la zona.

Las mercantiles responsables "han desaparecido del mapa" por lo que es la administración autonómica, tras haberse agotado los plazos, la que debería hacerse cargo de los trabajos de restauración haciendo uso de esos avales.

Las zonas afectadas son el Barranco del Collado del Lobo, explotada en su día por Áridos El Chinar, la más próxima al casco urbano de Redován junto a una conocida granja avícola del municipio. La otra está situada en la vertiente de la montaña que da al barrio de San Carlos, en el Barranco Ancho, explotada por Áridos Costa Sur. Uno de los administradores mancomunados que aparecía como responsable de esta empresa es gerente de una importante promotora oriolana.

Los efectos de la explotación de áridos sobre la montaña durante décadas, como también sucede en el caso de la cantera mucho mayor de Cox, se puede observar desde varios kilómetros a la redonda.

Ahora el Ayuntamiento de Redován ha iniciado los trámites para recopilar los expedientes administrativos de ambas actuaciones y solicitar a la Generalitat Valenciana que se ponga en marcha para de restaurar la zona afectada.

Durante la dura campaña electoral previa a las elecciones municipales que enfrentó al PP y al PSOE locales, los socialistas reprocharon a los populares, entonces en el gobierno, el que no se hubieran obligado a las empresas a ejecutar los avales. Incluso un artículo firmado por la ejecutiva local socialista sugería una supuesta connivencia entre los letrados de estas empresas y el equipo de gobierno del PP local de entonces.

El Partido Popular replicó recordando varios acuerdos plenarios en los que el voto socialista fue favorable, en primer lugar para autorizar la actividad de una de las canteras en 1986, y luego en 1998 a la hora de prorrogar su actividad durante diez años, aunque finalmente ese plazo se acortó tras la actuación de la Generalitat. El Ayuntamiento a penas recibía un canon anual de 18.000 euros por parte de cada una de las empresas. Según las denuncias vecinales las explotaciones estaban incluso haciendo uso de monte público al margen de no afectar con las detonaciones y el polvo en suspensión a zonas habitadas.