E l director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida Ferrando, rubricó el 6 de noviembre la revocación en su destino del Policia Judicial de la Guardia Civil que instruyó en 2006 el grueso de la investigación de las presuntas torturas a detenidos por parte de agentes de la Policía Local, cuyos principales mandos siguen imputados por esta cuestión, un año y tres meses después de estallar el asunto.
Esta decisión implica que el agente desarrollará su labor en otro destino ajeno a la Comandancia de Torrevieja.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, (CSIF-CSI);, con representante en la Policía Local de Torrevieja, indicó ayer sobre este asunto, publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, que la decisión por la que este instructor deja su destino de libre designación en Torrevieja se aplica en virtud del artículo 39 del reglamento de provisión de destinos del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. CSIF-CSI pregunta ahora públicamente - si esta decisión tiene relación con la instrucción del caso de las torturas - tanto al citado director general de la Guardia Civil, al delegado del Gobierno en la Comunidad, y a la subdelegación del Gobierno en Alicante, «dónde está la instrucción ejemplar de la que hablaron en su día».
La decisión «podría estar motivada por la disposición» que dice que los jefes de unidad, siempre según el citado sindicato, podrán proponer, previo informe razonado, el cese en el destino de cualquier subordinado «por falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios de su destino». La investigación de los supuestos malos tratos apenas ha avanzado desde punto de vista judicial tras la declaración en agosto de 2006 de 9 agentes como imputados, entre ellos el intendente jefe Alejandro Morer, un ATS, un ahora ex concejal, además del actual edil de Seguridad de Torrevieja, Pedro Valero. Las diligencias se pusieron en marcha a partir de una denuncia de dos personas de origen sudamericano que dijeron haber sufrido maltrato tras ser sorprendidos robando en la vivienda en un policía local. Uno de los denunciantes no ha llegado a ratificarse en los juzgados sobre los hechos detectados tras un mandato judicial para intervenir el teléfono movil de un mando de la Policía Local durante meses.
