La oposición denuncia que el alcalde usó un decreto para recalificar suelo

E.D.G. L a oposición denunció ayer en un pleno que el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, usó un decreto para recalificar suelo y convertir en urbanizable un solar destinado para un nuevo colegio, el cual está ahora en manos de una constructora. El trámite permitió al Ayuntamiento acordar una permuta de suelo con una empresa para ejecutar la ampliación del nuevo Palacio de Justicia, un edificio que aún no está en uso por motivos que se desconocen, a pesar de que las obras finalizaron en marzo. La denuncia de IU, Los Verdes y PSOE se puso sobre la mesa sin la presencia del alcalde, quien evitó el enfrentamiento alegando que el lunes fue sometido a una intervención quirúrgica.
Los tres plenos que ayer estaban convocados y donde también se aprobó la subida de tasas municipales, estuvieron presididos por el primer teniente de alcalde, Domingo Soler.
La oposición denunció la «ocultación» por parte del PP de documentación
El convenio urbanístico, denominado «Plaza de Toros», contempla la permuta 12.235 metros cuadrados de terrenos municipales, a cambio de los 446 m 2 que ocupa la ampliación del Palacio de Justicia y del coste de la obra. El acuerdo se adoptó con la mercantil Corpic S. L.
La oposición argumentó la ilegalidad de la permuta en base a un informe de la Sindicatura de Cuentas, el cual considera que «no se ajusta a la legalidad» debido a la inexistencia de subasta «no justificada, dada la diferencia de valor existente entre la parcela del Ayuntamiento y la del particular». Además, recoge que las valoraciones realizadas por el arquitecto «carecen de una motivación 2 del solar ocupado ahora por el Palacio de Justicia, más su construcción, en 3.525.950 euros, con un saldo a favor del Ayuntamiento de 741.912 euros.
La oposición expuso que los 13.235 m 2 municipales tenían
El delegado de Urbanismo, Francisco Moreno, admitió que el decreto se hizo pero «porque había un error material», aunque no explicó de qué se trataba. Sobre el informe de la Sindicatura añadió que «no tiene nada que ver» con el pleno y argumentó la legalidad de la operación, que califico de «blanca, clara y cristalina»
El portavoz de IU consideró que que se trata de una operación del PP donde «vale más el interés de una constructora que el público», mientras que José Manuel Dolón, de LV, dijo que «se aplica, como en otros casos, el procedimiento del negocio urbanístico
La concejal del PSOE Adoración Fernández