Las empresarios acusados de contaminar el Segura se enfrentan a 26 años de cárcel

E.D.G./ REDACCIÓN L a Fiscalía ha solicitado penas que suman 26 años de cárcel y multas por valor de 140.400 euros para los representantes de siete empresas de Orihuela, Callosa del Segura y Redován acusados de realizar vertidos ilegales en el río Segura con anterioridad al año 2002.
El juicio por este caso se celebrará del 1 al 5 de octubre en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche y será asistido por otro fiscal diferente al que inició la investigación, Ricard Cabedo. En el banquillo se sentarán los representantes de las empresas Congesa, Calzados Plásticos Españoles S.A., Manuel Mateo Candel S.L., Incovega S.L, J. Bernabé Díaz S.L., Ahumados Torá S.L., y Baden Tint S.L. A todos ellos se les acusa de distintos delitos relacionados con la Ley de Aguas, con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales y con diversas ordenanzas municipales. En el banquillo también se sentaran ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS); a pesar de que fueron ex culpados por el fiscal Cabedo ya que las acusaciones
Según consta en el escrito de acusación, los análisis realizados en mayo de 2000 en el río Segura determinaron la salinización de la cuenca hídrica, la «elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de metales pesados como cobre, zinc o cadmio y una alta concentración de aceites y grasos».
Para aclarar el origen de estos vertidos que, según el fiscal, hacen que el río parezca un «colector de aguas residuales», se realizaron comprobaciones en distintos puntos que condujeron a las siete mercantiles implicadas.
En Orihuela se investigó a las empresas Congesa, Manuel Mateo Candel S.L., Incovega S.L. y Baden Tint S.L., las tres primeras dedicadas a la preparación de vegetales y frutas y la cuarta al tintado de fibras textiles. Asimismo, en Callosa de Segura se investigó a la empresa Calzados Plásticos Españoles S.A., y en Redován a las empresas J. Bernabé Díaz S.L., dedicada a la fritura de patatas, y a Ahumados Torá S.L., que prepara ahumados y salazones de pescados. En todos los casos se producían vertidos a distintos puntos del río, algunos con autorización provisional de la CHS, que fueron en todos los casos excepto en el de la mercantil Incovega, revocada, porque no cumplía las exigencias de depuración. La Fiscalía ha solicitado el cierre de las fábricas por un periodo de dos años, salvo que la CHS o los ayuntamientos indiquen que han corregido los vertidos y cumplen los parámetros establecidos.