Europarlamentarios austriacos piden al Ayuntamiento de Orihuela que proteja la Casa Langostina

Europarlamentarios que representan a la República de Austria se han dirigido al Ayuntamiento de Orihuela para solicitar al alcalde Pepe Vegara (PP) la protección de la Finca Langostina. Ha sido el eurodiputado Roman Haider el que ha solicitado en una carta al alcalde que «proteja a la familia Wesenauer en lo relativo a que no se construya en el terreno que forma parte de la histórica finca Langostina».

El origen

La raíz del problema que se arrastra desde hace más de dos décadas es que la singular finca y Casa Langostina, parcela única del histórico secano tradicional de Orihuela Costa, forma parte de suelo urbano en el plan Lomas de Don Juan con todos los servicios tal y como figura en las escrituras de 1996 de sus propietarios.

Sin embargo, el Ayuntamiento la incorporó a principios de los 2000, en pleno boom inmobiliario, como suelo urbanizable del PAU 25, para que esa urbanización se completara con más suelo de forma totalmente ilegal. La finca original donde viven los Wesenauer de 3.450 metros cuadrados se quedaba en 1.786 metros y el resto se ponía a disposición de los promotores.

Reclamación

Haider reclama al Ayuntamiento que deniegue toda licencia para construir en ese terreno, ya que una construcción «supondría la total consolidación de la usurpación producida» a través de un plan urbanístico tramitado al amparo de la derogada y polémica LRAU.

Y lo que para Haider resulta más grave: la construcción aledaña supondrá la «ruina de la edificación de carácter histórico, dado su asentamiento sobre una losa pétrea».

Se encadenan a la maquinaria para evitar la construcción en la finca Langostina de Orihuela Costa

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Ruego

El europarlamentario que forma parte del grupo más a la derecha del arco parlamentario europeo ruega al Ayuntamiento que active los instrumentos para declarar la finca como bien protegido desde el municipio y la Generalitat. Una figura de protección que anuncia el Ayuntamiento oriolano sin cumplir su compromiso desde hace cuatro años, cuando el arqueólogo municipal firmó un informe en ese sentido sin que el entonces alcalde Emilio Bascuñana actuara para tramitar el expediente de protección.

Tampoco lo ha hecho ahora el alcalde Pepe Vegara argmentando que la protección debe incluirse en una actualización del catálogo de bienes, que a su vez exige una contratación externa. Una petición similar a la del eurparlamentario la realizó la embajada de Austria en España semanas atrás.

Más de veinte años lleva la familia Wesenauer peleando por mantener la integridad de esta finca tradicional y sus valores patrimoniales, reconocidos por especialistas de la Universidad de Alicante. Y en una acción legal sin precedentes en España ha registrado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tras agotar todas las vías judiciales en España. Tribunales que nunca han querido abordar de lleno la ilegalidad de la reparcelación.

Promotora

Por su parte, la empresa promotora que asegura que cuenta con licencia municipal para construir piscinas y viviendas turísticas junto a la casa, ha denunciado a varios miembros de esta familia por coacciones al encadenarse a la máquina retroexcavadora que iba a iniciar las obras -y pararlo- y por presuntamente derribar el muro de dos metros de altura que separaba la casa del resto de la finca. Muro levantado por la promotora y que desapareció en Semana Santa.

Los Wasenauer llevan meses explicando que el muro se construyó supuestamente sin licencia y dejó sin salida los garajes de la vivienda. La empresa señala que se levantó con la altura que permite la normativa urbanística de Orihuela.

Sentencias en firme

Sobre la finca recae una sentencia que avala el deslinde en primera instancia en 2018, ratificada por la Audiencia Provincial en 2019. Sentencia obtenida por la anterior propietaria del suelo Augusta Premium y en la que el juzgado de Orihuela se desentendía de la incorporación ilegal del terreno al PAU 25 porque señalaba que no era lo que se estaba juzgando en ese momento.

Resoluciones que esgrime la empresa que ha pedido la licencia para actuar -a la que la legislación le permite solicitar la licencia sin ser necesariamente la propietaria del suelo-.

La empresa que quiere hacer piscinas y casas turísticas defiende la legalidad de la licencia que ha pedido y explica que el origen de la reclamación de la familia se remonta a dos décadas atrás, en 2003, y nada tiene que ver con petición actual de licencia. También recuerda el perjuicio económico que puede suponer la actuación de las personas a las que ha denunciado a la hora de cumplir los plazos de entrega con los clientes.

Una familia paraliza una obra junto a una finca en trámite de protección tras encadenarse a la maquinaria

Escuchar a la familia

El alcalde Pepe Vegara y el concejal de Urbanismo Matías Ruiz inicialmente escucharon a la familia y aseguraron que la firma no tenía licencia. Ahora se mantienen en un segundo plano en este asunto y habrían trasladado estas sentencias a la embajada de Austria y al europarlamentario, mientras que no ha contestado a la reclamación de la familia de que revoque de oficio la licencia solicitada por la empresa. Y tampoco aclara púbilcamente si la empresa cuenta con todos los requisitos de la licencia en estos momentos.

Crisis y cambio constante de titularidad

Todo en un contexto en el que los solares del PAU 25 han cambiado de titularidad en más de cinco ocasiones desde el promotor inicial, pasando por San José -empresa que tenía estrechos lazos con el Ayuntamiento en su momento, que quebró con la crisis inmobliliaria y que dejó docenas de viviendas sin legalizar en la zona-, los bancos y nuevas empresas promotoras ligadas a las que quebraron.

Una revocación que podría implicar una denuncia por parte de la empresa contra el Ayuntamiento y asumir una responsabilidad patrimonial elevada en caso de que los juzgados le dieran la razón. Pero a la que también se enfrentarán los miembros del equipo de gobierno responsables de la licencia actual si el Tribunal de Estrasburgo admite y resuelve la demanda.