El promotor del sector S-29 de la finca La Ceñuela ha confirmado que va a reclamar una indemnización por la anulación del plan urbanístico que llevaba tramitando desde hace 15 años, y que ha sido descartado por el Consell en la versión definitiva del Plan de Acción Territorial de las Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel), ya en vigor. Reclamará en el juzgado por partida doble. Ante la Generalitat y el Ayuntamiento de Torrevieja. En mayo de 2017 la mercantil ya apuntó a que reclamaría en los juzgados, en cualquier caso por una cantidad multimillonaria. Pero en aquel momento la anulación no se había confirmada y estaba sujeta a modificaciones. Como avanzó este diario, el Pativel protege la primera línea de playa en Ferrís -en torno a medio millón de metros de dos fincas privadas desde la playa a la Nacional 332- y considera suelo protegido de refuerzo casi todo el ámbito al que afectaba el S-29 -en torno a otro medio millón de metros-.
El sector tenía capacidad para 2.300 casas sobre 700.000 metros cuadrados en un suelo que era no urbanizable en el Plan General. La protección de la Generalitat configura ya un corredor ecológico sin edificar entre la laguna de Torrevieja -protegida como parque natural- y el mar, al sur del casco urbano.
«Interés especulativo»
El promotor Carlos Carmona explicó a TVT que considera que el Ayuntamiento ha roto un «contrato» por el que el municipio se comprometía a reclasificar 700.000 metros cuadrados a cambio de la cesión que realizó en 2003 al Ayuntamiento de 100.000 metros cuadrados para la construcción del actual Hospital Universitario de Torrevieja, en funcionamiento desde hace 11 años.
«Contrato», a juicio de la misma fuente, expresado en un convenio y que se incumple con la anulación. «Veremos qué dice la justicia. Es posible que no nos dé la razón y considere que los terrenos del Hospital eran regalados», ironizó. La mercantil en ningún caso reclama recuperar el suelo del Hospital, algo que sería poco realista además de afectar a una infraestructura vital.
Pero sí considera que debe recibir una contraprestación por la cesión de su suelo. La concejal de Urbanismo, Fanny Serrano, a título personal, declaró que la medida de protección de la Generalitat «es muy beneficiosa para Torrevieja» desde la perspectiva del interés general «que es el que defiendo» y el de 80.000 vecinos de Torrevieja; frente al interés de un «solo propietario, que es un interés privado y meramente especulativo, aunque legítimo, de ganar dinero». Sin embargo la edil subrayó que el Ayuntamiento no tenía ninguna competencia para aprobar ese plan -no reconoce el convenio- y que en el ámbito urbanístico es la Generalitat la que decide en actuaciones de esta entidad. La edil Serrano subrayó que los terrenos eran "suelo no urbanizable, son suelo no urbanizable y serán suelo no urbanizable". La Generalitat respondió las alegaciones de los propietarios en el mismo sentido, asegurando que desde el punto de vista jurídico y urbanístico no tenían derechos adquiridos sobre la superficie porque su calificación no ha cambiado.
Por su parte, los propietarios de Ferrís no se han pronunciado sobre qué medidas van a adoptar. La empresa de una de las dos fincas mantuvo durante años que no contemplaba plan urbanístico hasta que el Consell confirmó que la había incluido en la protección.
