14 de mayo de 2018
14.05.2018
Orihuela

La Generalitat da un plazo de cinco años para levantar 1.500 casas en Cala Mosca o bloqueará el proyecto

El Pativel incluye el último kilómetro virgen de la costa oriolana como «suelo transitorio» y abre la puerta a calificarlo de nuevo como rústico

15.05.2018 | 00:54
La Generalitat da un plazo de cinco años para levantar 1.500 casas en Cala Mosca o bloqueará el proyecto

La Conselleria desestima las alegaciones en contra de proteger el terreno y defiende que tiene «valores territoriales, ambientales, culturales y paisajísticos».

La Generalitat Valenciana ha abierto una puerta para salvar del ladrillo el último kilómetro de costa virgen del término municipal de Orihuela. Lo ha hecho con la aprobación del nuevo Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel), que califica los terrenos ubicados en Cala Mosca como «suelo transitorio». En ese espacio está programada la construcción de una macrourbanización de 1.500 casas frente al mar y la novedad es que ahora se da al urbanizador un plazo de cinco años para ejecutar el proyecto. Si lo rebasa, se podría volver a calificar el suelo como rústico para proteger el litoral, aunque no sería fácil. Se reconoce que ello podría acarrear una indemnización millonaria.

En el informe del Pativel se destaca la situación jurídico-urbanística de Cala Mosca como principal motivo y problema para no ofrecer a este lugar una protección total. No obstante, sí que cumple con los requisitos y valores que la hacen merecedora de la conservación activa por parte del Pativel. Cabe recordar que en un principio la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio no incluyó ningún grado de protección de estos terrenos en el Pativel aunque cambió de opinión tras recibir diversas alegaciones de partidos políticos, organizaciones ecologistas y vecinos. No obstante, también se enviaron escritos en contra de que se intentara proteger, pidiendo que la disposición transitoria se empieza a contabilizar a partir del reinicio de las obras de urbanización, alegando que se trata de un suelo consolidado a través del planeamiento vigente aprobado y en ejecución. Aún así, en la resolución de alegaciones la Conselleria ha estimado que los suelos que se pide que sean excluidos del Pativel porque «poseen valores territoriales, ambientales, culturales, productivos, paisajísticos... que los hacen merecedores de protección y conservación activa, tal y como consta en la memoria justificativa del Plan». Respecto de su situación jurídico-urbanística se indica que existe un informe de la Abogacía de la Generalitat «analizando todas las casuísticas posibles para regular el alcance del Pativel en esta materia», que no es otra cosa que la posibilidad de reversión de los terrenos.

Desde 1990

Los terrenos de Cala Mosca fueron calificados como urbanos con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del año 1990. El proyecto urbanizador de esta zona de la costa generó una importante oposición entre algunos sectores sociales, que han visto como el litoral oriolano se ha ido convirtiendo en una jungla de hormigón desde hace dos décadas con el boom inmobiliario. El proyecto se logró paralizar hace casi diez años, cuando el partido Claro llevó este asunto a Bruselas y se ordenó a la promotora realizar un estudio de impacto ambiental que no había sido necesario diez años antes, cuando se redactó el plan urbanizador. Pues bien, según aseguró la formación de Compromís en Orihuela, ahora Cala Mosca «pasa a ser terreno en estado de transitoriedad, donde no se podrá construir sin contar con un informe de impacto ambiental positivo, que a día de hoy no se tiene, y transcurridos cinco años pasaría automáticamente a ser espacio protegido», trasladó el portavoz de la formación, Cayetano Portugués.

Todo este asunto volvió de nuevo al corazón de Europa a través del partido Cambiemos Orihuela, que el pasado año compareció en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo junto a la formación Claro para alertar de que ese informe de impacto ambiental redactado por la empresa no protegía la microrreserva de flora de 2,96 hectáreas declarada en la zona. Ello obligó a hacer variaciones en el proyecto, pero no ha impedido hasta el momento que siga adelante el trámite para la macrourbanización frente al mar.

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