El Ayuntamiento de San Fulgencio ha estado gobernado los últimos seis meses por un alcalde que estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos. Carlos Ramírez fue condenado el 2 de noviembre de 2017 por un delito de prevaricación administrativa. La pena impuesta por el juzgado de lo Penal Número 1 de Orihuela fue de ocho años y medio de inhabilitación pero, sin embargo, siguió dirigiendo la administración local casi medio año más, hasta que el pasado miércoles la oposición le obligó a convocar un pleno para apartarlo de la política. Ahora el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) exigirá al secretario que verifique la legalidad de todos los acuerdos adoptados por Ramírez al entender que durante todo este tiempo no estaba capacitado para tomar decisiones, una situación que podría poner patas arriba el consistorio.
Una de las medidas más polémicas aprobadas por el ya exregidor y su equipo, formado por cinco tránsfugas y un edil de UPyD, fue la adjudicación del contrato más cuantioso del mandato, el de la recogida de basuras. El servicio quedó blindado durante un periodo de 22 años y con una cuantía de casi 16 millones de euros. Según el PIPN, también se adjudicó otra contrata para retirar las podas que asciende a 5.000 euros al mes y se ha venido validando el pago de nóminas. La situación podría ser más grave si se tiene en cuenta que ninguno de los seis concejales del equipo de gobierno tenían firma delegada. Es decir, que todas las decisiones que se han adoptado en materia económica, cultural, de servicios o de cualquier otra índole precisaban de la firma del regidor para obtener el visto bueno final.
La portavoz del PIPN, Charo Mejías, considera que Ramírez ha estado seis meses al frente de un cargo que no le correspondía y «haciendo y deshaciendo a su antojo desde la fecha en la que fue inhabilitado», pero considera que la responsabilidad no es solo suya. Mejías apunta también a los ediles que formaban parte de la Junta de gobierno, pues sabían que el alcalde había sido condenado a inhabilitación y, aún así, «han aprobado todas sus propuestas».
Con toda esta situación «han dejado un caos monumental en el Ayuntamiento, pues habrá que revisar uno a uno todos los acuerdos aprobados desde la condena y por supuesto, lo que sea de ley echarlo para atrás el PIPN lo va a hacer», añadió Mejías.
Ejecutar la pena
Fue el juzgado de lo Penal 1 de Orihuela el que dictó el 23 de enero una providencia en la que oficiaba al Ayuntamiento de San Fulgencio a dar cuenta de la sentencia por la que condenó a Ramírez. Sorprendentemente, el juez se pronunció precisamente porque el entonces alcalde pidió ejecutar cuanto antes su pena de inhabilitación a pesar de que había presentado un recurso en la Audiencia por estar en desacuerdo con el fallo condenatorio.
Ante ese hecho, el magistrado pidió que se diera cuenta en el pleno de esa sentencia dado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece en sus artículos 6.2 y 6.4 que es de aplicación inmediata la inhabilitación, pues se trata de una causa sobrevenida independientemente de que la sentencia no sea firme. Sin embargo, el regidor siguió aferrado al cargo casi tres meses y medio más. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación para saber los motivos por los que seguía en política, lo que podría traer más consecuencias judiciales al menos para el exregidor.
