Miguel Rivera Muñiz se ha convertido en el nuevo decano del partido judicial de Orihuela tras obtener el respaldo de sus compañeros. Llegó a esta ciudad hace dos años con motivo de su ascenso a la categoría de magistrado, siendo desde entonces titular del Penal 1. Tiene 37 años, es murciano y le caracteriza su conversación afable. Conoce bien la realidad de los juzgados de la Vega Baja tras haber pasado también por Torrevieja. «Orihuela no está peor que otros partidos judiciales, pero la justicia está colapsada». Cree que hacen falta nuevos juzgados, dotar más plantilla de funcionarios y mejorar las aplicaciones digitales que utilizan. «Lo que no se puede vender es que los tiempos de espera en la justicia son debido a que los jueces no trabajan lo suficiente», esgrime.
Rivera Muñiz fue elegido decano hace un mes y medio y su nombramiento está aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero la resolución está pendiente de publicar en el Boletín Oficial del Estado. Aún así, ya ha asumido las funciones inherentes al cargo y lo ha hecho de un modo del todo reivindicativo. Este diario lo abordó, precisamente, en la concentración que protagonizó junto a otros jueces y fiscales de Orihuela el pasado jueves. Todos ellos se reunieron a las puertas del Palacio de Justicia como forma de protesta para exigir medidas y medios suficientes para desempeñar su labor, tal y como están haciendo las asociaciones profesionales de estos colectivos en toda España. También piden que se modifique la regulación del CGPJ porque «con las últimas reformas se ha privado de bastante independencia a este órgano», apunta el decano.
En una primera valoración considera que el partido judicial de Orihuela «ha mejorado muchos en los últimos años». «Hemos tenido refuerzos en instrucción y en penal porque había un colapso muy fuerte porque hubo un volumen muy alto de asuntos con toda la época de la crisis. Ahora está bastante mejor. Contamos con un refuerzo en los juzgados de primera instancia, que sí que están un poco más colapsados. Toda la zona de costa está muy mal porque hay mucha entrada de asuntos, pero en comparación con lo que fue el partido en los años 2008, 2009 y 2010 ha mejorado».
¿Cree que la Justicia cumple las expectativas ciudadanas? «Quizá no, el problema es la demora, es algo que España lleva arrastrando muchos años y, lo que se dice, una justicia tardía no es justicia. Pasa como con la sanidad y con todo: reducir los tiempos de espera es fundamental». Hay otra cuestión que, según el magistrado, también provoca cierta desafección social y es «las dificultades del ciudadano para entender muchas veces las resoluciones judiciales, pero eso es algo que no depende de nosotros, depende de las leyes que tenemos que aplicar que en muchas ocasiones se pueden percibir como injustas». En ese sentido añade que los jueces están «sujetos al imperio de la ley y no podemos decidir no aplicar una ley porque la veamos justa o injusta, pero por los tiempos de espera sí que se puede luchar y por eso se reivindica».Ratio europea
En la lucha del colectivo está mejorar la ratio por jueces por habitante y asemejarla a la de otros países europeos. «Queremos que nos fijen las cargas de trabajo que tenemos que tener. Cualquier profesional tiene unas horas de trabajo o unas cargas medibles y nosotros no tenemos una medición de hasta qué número de sentencias, de autos o de juicios tenemos que realizar en un mes. Si estás en un juzgado muy colapsado recae sobre ti trabajar más de las horas que deberías porque no hay una carga de trabajo fijada que nos diga, por ejemplo, que tenemos que trabajar 40 horas a la semana». Según defiende el decano, «eso permitiría saber si estamos trabajando a un 150% o 200% de lo que nos sería exigible».
También facilitaría el trabajo y sobre todo la conciliación familiar de los jueces una mayor inversión en adaptación a la justicia digital con herramientas más desarrolladas «porque hay muchos problemas en las aplicaciones, no van bien o son muy lentas, y estamos pendientes de que nos permitan trabajar desde casa con unos supuestos ordenadores que nos iban a facilitar y que no lo han hecho todavía». Al fin y al cabo se trata de reducir la carga de trabajo y dotar más medios que agilicen la justicia porque «cuantas más sentencias tengamos que poner menor va a ser la calidad, por eso hay que reivindicar mejoras», concluye Rivera Muñiz.
