Las obras realizadas en el último año en un complejo polideportivo ubicado en Montepinar (Orihuela) han puesto en pie de guerra a uno de los vecinos de la urbanización. En marzo de 2017 registró un primer escrito dirigido a la Concejalía de Urbanismo para denunciar que se estaba construyendo una estructura supuestamente sin licencia. Lo reiteró en mayo y, días después, el Ayuntamiento le contestó que, efectivamente, se habían realizado sin permiso, por lo que se procedía a iniciar un expediente de infracción urbanística. Pero el armazón para habilitar una pista de pádel se terminó, y le siguieron después muchos otros trabajos.

En los últimos 13 meses el denunciante, Ramón Mazón, ha presentado hasta seis escritos en Urbanismo para exigir que se paralizaran diferentes obras que, supuestamente, se habrían estado haciendo de forma ilegal en dicho complejo deportivo. Este diario contactó ayer con el responsable de ese área en Orihuela, el concejal Rafael Almagro, quien dijo que tendría que revisar el expediente para comprobar lo que allí se ha estado haciendo.

Dejación de funciones

Mientras tanto, Mazón considera que el Ayuntamiento está realizando una «dejación de funciones» porque no está velando porque se cumpla la legalidad urbanística. Al considerarse parte perjudicada por las obras, pues tiene una vivienda justo enfrente, solicitó al consistorio que le informara de todas las actuaciones que haría al respecto de ese expediente de infracción, pero hasta el día de hoy asegura que no ha recibido nada. Denuncia pues que nada se está haciendo mientras se realizan diversos trabajos en el citado polideportivo con movimiento de tierras y la utilización de maquinaria pesada. Todo ello mientras el consistorio «sigue sin proceder a la legalidad urbanística que se denunció en primer lugar y que permisivamente está tolerando, «lo cual contraviene el procedimiento legalmente establecido». Por todo ello ha exigido, por ahora sin éxito, que «se proceda a la restauración de la legalidad urbanística de todo lo que se haya hecho sin contar con licencia y sin ser acorde al Plan General».

Recientemente, otra vecina de Orihuela, residente en el barrio de Desamparados, criticó que el Ayuntamiento había demorado siete años la demolición de una perrera ilegal en la huerta que se levantó a tan solo 1,70 metros de distancia de su casa. Se trata de un caso todavía más alarmante si se tiene en cuenta que el propio consistorio acordó el derribo de la edificación en 2011 pero sigue sin cumplirlo a día de hoy pese a la insistencia de la perjudicada.