21 millones de euros sin contrato. El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) dio el visto bueno a ese gasto millonario por prestación de servicios durante 2017, con los informes de reparo del área de Intervención Municipal, según denunció ayer en el pleno ordinario la oposición mayoritaria del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja.

En la sesión ordinaria se tenía que dar cuenta de forma obligatoria de las decisiones adoptadas por el primer edil en contra del criterio de Intervención. El portavoz popular, Eduardo Dolón, explicó que con esas cifras casi dos de cada tres euros de gasto corriente del Ayuntamiento se autorizó sin contrato. El gasto de personal es de unos treinta millones, y la ejecución efectiva del presupuesto se quedó en unos 70 millones de euros.

La mayor parte del gasto sin contrato corresponde al abono de la recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, traslado y eliminación de basuras en el vertedero. En torno a 15 millones de euros al año que se deben sufragar sin contrado a Acciona desde mediados de 2016. El reparo, en todos los casos, se levante de forma legal con el argumento de que se trata de una prestación esencial para el funcionamiento diario del municipio. Igual ocurre con el transporte urbano, también sin contrato, con un coste de unos 2,5 millones de euros anuales, por el servicio que realiza la multinacional la filial del Grupo Avanza, Costa Azul.

Servicios

A estas partidas de gasto sin contrato, hay que sumar el servicio de limpieza de edificios municipales (1,8 millones); las pólizas de seguro de empleados municipales (451.000 euros);la telefonía móvil, los arrendamiento de la biblioteca de la calle Diego Ramírez, el local del Museo del Mar y de la Sal o el del Archivo Municipal; mantenimiento de alumbrado público (141.000 euros), e incluso el suministro de folios para todo el Ayuntamiento. Prestación que el municipio ha sido incapaz de tramitar, según el PP, desde que comenzó el mandato a través de un contrato menor -tras varios intentos en los que las adjudicatarias han dejado «tirado» al Consistorio después de ofertar y no firmar el contrato-.

El grupo del Partido Popular reprochó esta forma de gestionar que el propio primer edil cuestionó duramente durante los mandatos del PP, aunque sobre todo en el caso del encargo de contratos menores y por fraccionamientos.

De las dos principales prestaciones: recogida de basuras y transporte urbano -que suman 17 millones- no se ha informado públicamente sobre en qué momento de tramitación se encuentran, una vez resuelto el principal escollo para adjudicar: la aprobación del presupuesto para este 2018.