El juzgado de Lo Contencioso de Elche ha celebrado el juicio por una demanda contra el Ayuntamiento de Torrevieja de un policía local por sufrir un supuesto acoso laboral por parte de los mandos. Reclama una indemnización de 95.000 euros a la administración local por responsabilidad patrimonial de las secuelas, daños y perjuicios que sufrió desde 2013 -está tratamiento psiquiátrico crónico especializado desde entonces, según su demanda-. Antes del acto de juicio la reclamación ascendía a más de 250.000 euros.
Como principal codemandado figura el inspector jubilado Manuel Antonio López Vera, que negó en su declaración cualquier situación de acoso laboral, además del exalcalde y actual diputado provincial Eduardo Dolón (PP), el jefe de Recursos Humanos, Antonio Marí y el comisario jefe de la Policía Local, Vicente Gutiérrez.
Es el sexto caso de acoso laboral que llega a juicio en tres años en el Ayuntamiento de Torrevieja. Todos derivados de mandatos anteriores en el gobierno municipal. En los anteriores, también impulsados por policías locales contra el Ayuntamiento, el fallo ha sido condenatorio para el municipio -que lleva abonados por estas sentencias más de 130.000 euros-. Casos en los que se señalaba a los cargos públicos y mandos que tenían responsabilidad en aquel momento. Es la primera vez que figuran como codemandados. En la mayoría se hacía constar, según los fallos judiciales en firme, la participación del inspector jubilado.
Quitar multas
El demandante sostiene que fue sometido a un acoso laboral constante desde el momento en el que denunció por la vía penal al inspector ahora jubilado por supuestamente retirar multas de tráfico a una conocida. En concreto, desde el momento en el que el mando fue llamado a declarar como investigado por ese asunto. Procedimiento que sigue abierto. La defensa negó vinculación de las decisiones del mando con esa denuncia. Y aseguró, por otra parte, que la Fiscalía habría renunciado a acusar al no apreciar hechos delictivos.
Desde ese momento, siempre según la demanda fue sometido a acoso laboral con cambios constantes de turnos o negativas a las peticiones de vacaciones y de cuadrantes. La defensa de los mandos justificó estas decisiones en que en esos casos las solicitudes no cumplían la regulación interna para concederse.
El exinspector, siempre según la demanda y la vista oral, se habría atribuido un cargo de delegado sindical para emitir comunicados, expuestos en el tablón de anuncios de la comisaría local, en los que dedicó al policía calificativos como «depresivo compulsivo, bajista, mentiroso, persona viscosa y asquerosa...». La Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente en este sentido en el que indicaba que el sindicato al que decía pertenecer el mando no tenía representante en el Ayuntamiento. En una vista que se prolongó durante más de seis horas y media, el mismo mando enmarcó el supuesto acoso en el contexto de la conflictividad laboral y sindical en el seno de la plantilla.
Inspección
Por su parte, el jefe de Recursos Humanos, no activó el protocolo de acoso laboral, pese a varios requerimientos de la inspección de Trabajo en ese sentido. El municipio adujo que no contaba con medios para hacerlo, en concreto, la asistencia especializada de un psiquiatra. En estos momentos, y tras varias advertencias de los juzgados, ese protocolo sí funciona a través de un acuerdo con la Universidad de Alicante.
En su declaración, Eduardo Dolón, en ese momento alcalde, dijo no recordar con exactitud el caso. La demanda asegura que recibió hasta 50 escritos desde 2013 con el objetivo de que se pusiera en marcha el protocolo de acoso. Solo tramitó una respuesta, en la que sí se indicaba que había dado orden de que se tomaran las medidas oportunas al jefe de Recursos Humanos. El Ayuntamiento ya reconoció de forma implícita la situación de acoso cuando, tras consultar al Consejo Jurídico Consultivo, autorizó el traslado del agente a otro destino por su situación médica. El jefe de Recursos Humanos fue denunciado por el policía por desvelar en el informe de permuta los informes médicos del solicitante.
El agente afectado ha declarado públicamente sobre su caso: «En este país las personas que denuncian la corrupción son perseguidas en lugar de ser protegidas».
