La Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió ayer que se paralizara el desahucio de cuatro familias de un mismo edificio de la calle Oriol de Orihuela, en el céntrico barrio de Capuchinos. Se trata solo de un aplazamiento ya que la comitiva judicial ha dado un plazo de dos meses, hasta el 25 de junio, para que las cuatro familias afectadas se busquen un nuevo hogar o lleguen a un acuerdo con la entidad bancaria propietaria de las viviendas. En torno a medio centenar de personas convocadas por varias plataformas antidesahucios se concentraron ayer frente a las viviendas desde primera hora de la mañana. Poco después llegaba la comitiva judicial, junto al representante del banco propietario de los pisos, los cerrajeros y dos patrullas de la Policía Nacional. El dispositivo montado se encontró con el rechazo de los concentrados que corearon lemas de «sí se puede» o «este desahucio, lo vamos a parar».

Con lágrimas en los ojos las cuatro familias afectadas, tres de ellas con menores a su cargo de entre 6 meses y 10 años y un matrimonio sexuagenario, estuvieron pendientes de su destino. En sus balcones colgaron una enorme pancarta en la que se podía leer «Somos familia, no delincuentes». Algunos llevan allí viviendo desde hace 37 años, y ahora temen perder sus casas. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explicaron que las casas las construyó una cooperativa como viviendas sociales, aún en época franquista, y los vecinos pagaban poco a poco sus recibos, pero ésta fue absorbida por el banco BBVA en 1991. Fue entonces cuando la entidad bancaria llevó a juicio a las familias para reclamarles una serie de intereses y dejó de cobrarles la renta antigua. «Aquí las familias han pagado religiosamente su vivienda, hay una pequeña cantidad que queda de residuo, pero hay que comprender que no quieran pagar intereses sobre algo que nadie les ha venido a cobrar nunca», explicó Manuel Manzano, de la PAH de Callosa de Segura.

«El banco se ha negado siempre a que paguen un alquiler social a pesar de la insistencia de las familias, que son honradas y trabajadoras», señaló María José Cuadrado, de la PAH de Almoradí. Los portavoces de las plataformas antidesahucios criticaron la inacción del Ayuntamiento de Orihuela en este caso, ya que aseguran que se pusieron en contacto con la Concejalía de Bienestar Social pidiendo mediación y apoyo y no han recibido ninguna respuesta. «Nos reunimos varias veces con los ediles Sabina Galindo y Dámaso Aparicio, les explicamos la situación y nos dijeron que íbamos a recibir respuesta, pero nada», explicaron.