El cierre de los chiringuitos playeros decretado por el Ayuntamiento de Orihuela podría llevar consigo el pago de compensaciones a la empresa. Chiringuitos del sol aseguró ayer que la Concejalía de Playas que dirige Luisa Boné (Ciudadanos), le requirió en diciembre de 2017 que presentara un plan de actividades a desarrollar entre febrero y junio de 2018, cuando supuestamente finalizaba el contrato. Sin embargo, hace dos semanas desde el consistorio se decretó la clausura del negocio argumentando que, en realidad, el contrato había vencido en noviembre de 2017. La mercantil defiende que ya había hecho una inversión en la programación de eventos y la contratación del personal y todo ello le ha causado un perjuicio económico, por lo que exigirá una indemnización por daños y perjuicios.

Los gerentes lanzaron ayer un comunicado para explicar su versión de los hechos que han llevado a clausurar la actividad. Lo han hecho después de comprobar cómo la Concejalía de Contratación que dirige Paco Sáez (PP), y la de Playas liderada por Boné (Cs) se han culpado mutuamente de toda esta situación. La empresa aseguró que el contrato de adjudicación se resolvió el 12 de junio de 2014 y establecía una duración que se computaba conforme las temporadas de explotación y que finalizaba en noviembre de 2017. Comprendía además posibles prórrogas pactadas entre las partes con una duración máxima hasta noviembre de 2020.

«En cumplimiento del contrato, en noviembre de 2017, fue cesada la actividad en todos los chiringuitos, excepto dos que permanecieron abiertos porque así lo solicitó el Ayuntamiento de Orihuela, motivo por el cual nunca nos requirió para que cesáramos la prestación del servicio público», explicaron ayer desde la empresa. Un mes después, en diciembre, se les requirió presentar el programa de actividades hasta junio de 2018 y «comenzó la elaboración de ese plan de actividades y eventos, contratando diversos servicios, proveedores y, sobre todo, empleados». Ese documento se presentó por registro pero, ante la inactividad del consistorio en relación con la prórroga o posible situación irregular del contrato, la empresa presentó un escrito denunciando esta circunstancia y, «una vez que Ayuntamiento había pedido que comenzáramos con las actividades, solicitamos la prórroga recogida en el contrato suscrito con la corporación local».

Prórroga

De igual forma desde la mercantil aseguraron que como consecuencia de esta petición, cuando la empresa ya había contratado varías actividades, eventos y personal, «el Ayuntamiento nos requirió para que suspendiéramos el servicio, reconociendo que estaban pendiente de resolución nuestra petición de prórroga anteriormente referida». La empresa alegó entonces que estaba en juego el interés general y defendió su derecho a seguir, pero dicen que la única respuesta que recibieron fue la de la visita de la Policía Local para clausurar los establecimientos. Por ello aseguran que seguirán recurriendo ya que el silencio de la administración les genera «indefensión» mientras las playas siguen sin chiringuitos, hamacas y otros servicios. La empresa insiste en que está dispuesta a negociar.