La polémica por el contrato de los chiringuitos en las playas de Orihuela va camino de ser una nueva brecha en las ya, en ocasiones, tensas relaciones entre los dos socios de gobierno, PP y Ciudadanos. Ayer, el concejal de Contratación, Francisco Sáez, quiso quitar a su departamento toda la responsabilidad en mantener sin contrato durante 4 meses a la anterior adjudicataria sin tan siquiera haber concedido una prórroga. Sáez señaló directamente a la Concejalía de Playas, que dirige la edil de Ciudadanos Luisa Boné, a la que eludió nombrar, pero sí recalcó, varias veces, que «al área de Contratación nunca ha llegado ninguna solicitud de prórroga del contrato por parte de la Concejalía de Playas, por lo que difícilmente podemos iniciar ese expediente para prolongarlo, ni tampoco, hasta ahora, se ha pedido iniciar uno nuevo».

Sáez explicó que la pasada Semana Santa notificó a la Concejalía de Playas y a la Policía Local que se estaba prestando el servicio, que además de los chiringuitos gestiona el alquiler de hamacas y sombrillas, sin ninguna relación contractual con el Ayuntamiento de Orihuela. Sin embargo, el servicio se siguió prestando sin contrato en esos días de afluencia masiva en Orihuela Costa y no ha sido hasta la pasada semana cuando la Concejalía de Playas ha pedido el cese de la actividad a la mercantil y el inicio de un nuevo expediente de contratación. Los técnicos están trabajando en los nuevos pliegos técnicos y las cláusulas administrativas. El miércoles finalizaron las prescripciones técnicas y los criterios de valoración y están concluyendo las administrativas para tratar de adjudicar antes del verano. Sin embargo, ni PP ni Cs dan explicaciones convincentes de por qué se ha mantenido trabajando sin contrato a una empresa en un servicio tan importante como éste durante 4 meses, más allá de culparse unos a otros.

Prórroga

El edil popular señaló que «el problema de la prórroga, o no, de la nueva licitación, o no, no depende de Contratación que se limita a tramitar las solicitudes o los expedientes que les requieren las distintas áreas del ayuntamiento», explicó y añadió que los técnicos del área «no tienen nada que ver con que este contrato haya vencido y no se haya prorrogado o que este contrato no se haya licitado con mayor celeridad, eso corresponde a la Concejalía de Playas». Y aseguró que el pliego de 2014 no permite la posibilidad de haber ampliado un año más el contrato y solo se podría dar, en cualquier caso, si se hubieran agotado las prórrogas que en este contrato no se han dado.

Sáez fue más allá en quitar toda responsabilidad en este espinoso asunto a la concejalía que dirige y señaló que en el anterior contrato se estableció un «supervisor» del mismo que era una persona de la Concejalía de Playas. El edil explicó a este diario que el personal de Playas «sabía perfectamente que el contrato vencía a finales de 2017 y la edil Luisa Boné ya anunció en noviembre pasado que rechazaba ampliar la concesión a la actual adjudicataria por estar inmersa en un proceso judicial por presunto amaño» en el que está procesada la exedil Martina Scheurer (Los Verdes).