El PP, en el gobierno en el anterior mandato, trasladó al Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades en el uso de las asignaciones del PSOE, en la oposición entonces. El procedimiento no prosperó, pero generó polémica y permitió que el Ayuntamiento fuera más exigente con el control de ese dinero público que debería usarse para gastos de funcionamiento, pero que termina sufragando reformas de despachos, servicios jurídicos o publicaciones de los partidos en época preelectoral. El PSOE ha renunciado a la asignación en este mandato.
