Las plantillas de los ayuntamientos suelen recibir, a lo largo del año, personal extra para trabajar enviados por los juzgados para cumplir íntegra o en parte una condena que se les haya impuesto. Los penados suelen acabar en áreas como jardines o aseo urbano, pero su conducta no siempre es ejemplar y causan un gran problema a quienes deben trabajar codo a codo con estos «compañeros» impuestos. Es lo que está sucediendo en Orihuela con algunos de los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y que son destinados al área de limpieza viaria, recogida de basuras, aseo urbano y brigadas municipales. Así lo han denunciado los propios funcionarios, quienes han hecho llegar a los sindicatos sus quejas por el aumento de amenazas y agresiones que están sufriendo por parte de los penados.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante tuvo conocimiento de las denuncias de los funcionarios tras haberlas trasladado los sindicatos y los técnicos de prevención, lo que para este organismo supone una situación de riesgo que se debe frenar y para ello ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Orihuela fechado el 26 de marzo, en el que, como informó INFORMACIÓN, también se insta al Ayuntamiento para que reubique a los trabajadores de aseo urbano y festividades de dos naves por no tener las mínimas condiciones higiénicas y de seguridad, con riesgo hasta de electrocución.
En el caso de los penados se insta al consistorio para que, en el plazo de un mes y conforme a lo dispuesto en los artículos 16.2 a y b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, elabore un protocolo de actuación frente a agresiones para el colectivo de aseo urbano adaptado a sus circunstancias particulares, que comprenda tanto la violencia física como las conductas intimidatorias. Dicho protocolo debe mostrar el procedimiento a seguir por los trabajadores que sean víctimas de tales comportamientos y debe contemplar el ofrecimiento de asesoramiento legal y del apoyo psicológico precisos por parte del consistorio hacia sus empleados.
Esta difícil situación la llevan sufriendo los funcionarios desde hace pocos meses al cambiar el tipo de condenados enviados a realizar trabajos sociales. Antes apenas había conflictos, ya que la mayoría de penados lo eran por delitos menores, como positivos de alcoholemia o grafiteros, o causas más graves como violencia de género, pero, en todo caso, condenados que no causaban problemas y que cumplían con los trabajos que les mandaban hacer.
Sin embargo, desde hace unos tres meses los tribunales de justicia están enviando a los ayuntamientos a condenados por delitos mayores tales como hurtos, robos, intimidación o relacionados con drogas para reducir la pena de cárcel impuesta. Son estos últimos los que están haciendo la vida imposible a los trabajadores de limpieza viaria, recogida de basuras y a las brigadas de jardines.Víctimas
Los funcionarios del área de aseo urbano son los más afectados porque el grueso de los condenados a trabajos sociales que los juzgados mandan al Ayuntamiento de Orihuela son destinados a este servicio que, además, suele realizarse de noche. Los trabajadores denuncian que son víctimas no solo de agresiones, en los casos más graves, también de amenazas constantes que tienen atemorizada a parte de la plantilla. Algunos de los penados se niegan a realizar las tareas encomendadas que, en muchos casos, requieren de la presencia de varias personas, lo que, advierte Trabajo, «puede dar lugar a situaciones de riesgo adicional».
Por ello, advierte al Ayuntamiento que «deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que los penados no realicen la actividad encomendada, en relación a aquellas tareas que requieran necesariamente la concurrencia de varias personas». Si bien, la Inspección de Trabajo explica que no es la competente para evitar la presencia de condenados a prestar servicios sociales porque es «una imposición de los tribunales».
Las situaciones de peligro son cada vez más habituales, según denuncian los empleados municipales, quienes señalan que algunos de estos penados también sustraen diverso material, y que en ese momento no lo recriminan por miedo a represalias o a ser agredidos, como ha sucedido en algunas ocasiones cuando se les ha reprochado su conducta.
Es el caso del conductor de uno de los camiones de basura que hace unos días tuvo que parar el vehículo y bajar a uno de estos penados, que iba detrás agarrado ayudando en la recogida de contenedores y bolsas de residuos, porque se compró una botella de litro de cerveza e iba bebiendo mientras el camión estaba en marcha. Algunos de los trabajadores consultados por INFORMACIÓN han explicado que algunos de los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad llegan a realizar el trabajo tarde o borrachos y que otros lo hacen sin apenas haberse aseado.
Preocupación
Por parte del Ayuntamiento ven con preocupación esta denuncia de los trabajadores. Señalan que están atados de pies y manos para evitar que condenados conflictivos realicen trabajos sociales en áreas del consistorio. El portavoz adjunto, Rafael Almagro, anunció que se seguirán las instrucciones de la Inspección de Trabajo y se elaborará el protocolo que dicta pero, además, «tomaremos más medidas como más presencia policial, que los agentes se den una vuelta para comprobar que todo está en orden cuando en un servicio haya penados conflictivos ejerciéndolo». Por su parte, el edil de Aseo Urbano y RSU, Dámaso Aparicio, también mostró su disposición a solventar estas situaciones de riesgo para sus trabajadores.
