La Vega Baja, con una población estimada cercana al medio millón de habitantes -más del doble en período estival- sufre un déficit considerable de efectivos de la Guardia Civil. En esta comarca prestan servicio, sumando todas las unidades como Policía Judicial, Seprona, Tráfico o Roca, unos 700 agentes, según datos facilitados por la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC). Sin embargo, por su población y, según el catálogo de puestos aprobado por el Gobierno, la cifra tendría que incrementarse en más de 200.
Uno de los ejemplos claros es el del cuartel de Callosa de Segura, donde actualmente prestan servicio, para una población de 60.000 habitantes, tan solo 27 agentes, cuando el número de efectivos aprobado por el ejecutivo central es de 44, según denuncia IGC. Esta organización cuenta con 150 asociados en la provincia de Alicante, un 10% del total nacional, y el grueso está en la Vega Baja.
La falta de agentes de la Guardia Civil está provocando que en los cuarteles de la comarca, a excepción de Torrevieja, solo haya una patrulla en la calle o ninguna para servicios de vigilancia y prevención. Es el caso del puesto principal de Torre de la Horadada, que cubre una extensa área y población con una sola patrulla. Situación similar a la que hay en Dolores, Jacarilla, Almoradí, Callosa o San Miguel de Salinas. En Torrevieja hay entre 3 y 4, aunque hace unos años había hasta 10 patrullas disponibles. El presidente de IGC, Joaquín Parra, resume con una frase la escasez de efectivos: «si seguimos teniendo este déficit, la Guardia Civil se va a convertir en un mero tramitador de denuncias, sin posibilidad de investigación ni prevención de la delincuencia».
Parra denuncia que la falta de agentes «es brutal» y explica que la Benemérita debe cubrir distancias de entre 20 y 50 kilómetros por la dispersión de las poblaciones a las que atiende cada cuartel, «y esto supone que, como mínimo, se puede tardar 20 minutos en llegar a una urgencia y siempre que haya una patrulla disponible, a diferencia de la Policía Nacional, que cubre un área urbana concreta».
En el caso de Orihuela, la única ciudad de la Vega Baja en la que la seguridad ciudadana es asumida por la Policía Nacional, hay 100 efectivos para una población que atiende a unas 32.000 personas, mientras que el cuartel de la Guardia Civil de Callosa, el más cercano, debe atender al doble de población con una cuarta parte de efectivos, incluidas pedanías oriolanas como La Murada, con un alto índice de robos, sobre todo rurales.
Zona caliente
La Vega Baja está considerada una zona caliente desde el punto de vista delincuencial. La comarca da mucha carga de trabajo a la Guardia Civil por el gran número de bandas organizadas y de delitos relacionados con el blanqueo de dinero. De hecho, es la comarca con mayor número de detenidos de España, según las estadísticas facilitadas por IGC, lo que demuestra la saturación de los juzgados, sobre todo los de Torrevieja.
Las complicadas condiciones de trabajo de los guardias civiles destinados en la Vega Baja no sólo se centran en una sobrecarga de actividad por la falta de efectivos, también en los escasos y anticuados medios materiales. Así lo explican el vocal de IGC en el Consejo de la Guardia Civil, Francisco Javier Fernández, y el delegado de IGC en la Vega Baja, Cristian Martínez. Fernández destaca que el calabozo del cuartel de Torrevieja, que se reformó recientemente, «carece de sistema de extracción y en otros de la comarca no hay cámaras, por lo que los agentes deben bajar más a menudo a vigilar a los detenidos, y siempre de dos en dos», por lo que «esos efectivos no puedan estar en la calle».
Martínez, por su parte, señala la ausencia de vehículos con mamparas ya que «en Torrevieja solo hay uno que disponga de ella, como en Callosa, y muchos traslados de detenidos se tienen que hacer con coches que carecen de ella, lo que obliga a los agentes a ir detrás arriesgándose a la posible agresividad del arrestado o enfermedad del mismo». A esto se une la antigüedad de muchos de los vehículos de la Benemérita, cuyo parque móvil no se renueva tan a menudo como debería. «Dan pena muchos de los coches», enfatiza el vocal de IGC en el Consejo.
El presidente de IGC pide que se ponga solución al déficit de efectivos «para que la Guardia Civil pueda funcionar mejor en prevenir delitos, más que en detener a posteriori a quienes los cometen, que eso lo hace muy bien».
