El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, salió ayer al paso del plante de los seis sindicatos en la mesa de negociación que decidieron no acudir a la reunión convocada ayer para aprobar la oferta pública de empleo. El primer edil aseguró que en una mesa de negociación los sindicatos tienen voz, pueden realizar sus aportaciones pero no tienen voto, aunque el reglamento de este tipo de órganos de negociación sí recoge un voto ponderado en muchos municipios. Por lo que el trámite de ayer salió adelante con los votos de los técnicos y los políticos. Luego achacó al área de Intervención la paralización de la firma del convenio que lleva negociándose tres años, que inicialmente se anunció como aprobado y que está paralizado en ese área municipal. Dijo que ese departamento no informa el documento porque considera que incumple la restrictiva Ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta tras la crisis. En este sentido, aseguró que ha rubricado muchos acuerdos durante este mandato, algunos con la oposición de técnicos, pero este convenio no lo puede rubricar sin el informe de Intervención. Y desveló un dato: la junta de personal ha solicitado a la alcaldía que paralice la tramitación del convenio.

El alcalde, preguntado por el motivo, indicó que puede ser para modificar los aspectos que incumplen la legislación y volver a intentarlo, o para que no se renueve el convenio y conservar el actual acuerdo. Instó a los representantes sindicales a preguntar a «sus compañeros de Intervención» el motivo por el que no se informa el convenio, declaración esta última que no aparece en la nota de prensa. Y aseguró:«Hay una resistencia feroz (en los ayuntamientos) a replantearse algunos derechos que otros ciudadanos pueden llegar a considerar como privilegios».

Según la nota de prensa del equipo de gobierno, la Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó la Oferta Pública de Empleo de 2018 en la que se han podido incluir únicamente seis puestos de trabajo frente a las casi 90 bajas que se han producido en los últimos años. El alcalde José Manuel Dolón, ha explicado que esta situación se produce debido a las "limitaciones que vienen impuestas por las políticas del Gobierno del PP y como consecuencia de una Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de recortes que sufrimos en este país y que no nos permite cubrir las plazas que se amortizan", ha dicho Dolón.

El primer edil ha reiterado las pretensiones de los sindicatos y los deseos de los trabajadores "son legítimos, pero el cauce no lo ponemos nosotros, lo impone desde Madrid la política del Gobierno de España, por lo que obviamente poco podemos hacer aquí". Además, ha recordado que la plantilla que remitió el Ayuntamiento en 2015 a la Subdelegación del Gobierno "se devolvió, la anuló y tuvimos que anularla en Junta de Gobierno en febrero de 2016, a pesar de que incluía plazas esenciales como por ejemplo conserjes para los colegios".

Las seis plazas de la OPE son la que se contemplan en el Presupuesto Municipal de 2018 recientemente aprobado: dos plazas de agentes de policía una de peón, una de técnico superior de prevención de riegos laborales, una de auxiliar y una de profesor de música. A esta oferta se suman las dos plazas de agentes de policía y las dos de oficiales que están sin cubrir desde 2015 y que aún no se han cubierto "debido a la lentitud de la propia maquinaria administrativa del Ayuntamiento", ha dicho el alcalde, una circunstancia que en parte también ha achacado a las limitaciones para amortizar plazas sin cubrir plazas vacantes.#Torrevieja El alcalde justifica el bloqueo al convenio del Ayuntamiento en que está paralizado en #Intervención porque incumple la legislación estatal/El primer edil recuerda que los sindicatos tienen voz pero no voto en la mesa de negociación pic.twitter.com/hKesr6GLOv— INFORMACIÓN VegaBaja (@inf_vegabaja) 22 de marzo de 2018Convenio colectivo

Por otra parte, el alcalde se ha referido al convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento que está pendiente de firma debido a que no cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales. Dolón ha explicado que se ha producido una negociación que ha llevado hasta este punto, en el que Intervención considera que la propuesta de convenio "no respeta la legalidad actual". El primer edil ha resaltado que si hay acuerdo sobre ese punto "yo firmaré encantado". Y ha descartado que el convenio no se haya firmado por un desencuentro entre el Ayuntamiento y los sindicatos.

Dolón también ha señalado que tanto la Junta de Personal como el Comité de Empresa han solicitado que se paralice el convenio colectivo una circunstancia que podría estar condicionada por el hecho de que la Subdelegación del Gobierno ha estado rechazando los convenios que han presentado otros Ayuntamientos, lo que supondría una pérdida de derechos.

En su comparecencia ha reiterado que "los temas de personas de las administraciones públicas son muy complicados, no dependen de la voluntad del gobierno municipal, sino de una legislación que nos viene impuesta" a lo que ha añadido que "el talante de este gobierno no es funcionar de espaldas a los sindicatos y a los trabajadores.

En ese sentido se ha referido a varios "casos curiosos y a las paradojas que pueden llegar a darse". Ha citado algunos de trabajadores que incluso han ganado juicios con circunstancias que no están reconocidas en el convenio, pero en las que los tribunales les han dado la razón. "Temas que se han denegado por justicia y por solidaridad y que el trabajador los ha ganado en los tribunales". Por ejemplo a la hora de elegir médico para una intervención y no utilizar ni el de la Seguridad Social ni el del seguro que paga el Ayuntamiento, eligiendo a un tercero. En ese caso concreto la negativa del Consistorio provocó un juicio que ganó el trabajador.

La nota municipal no lo dice pero el alcalde también se preguntó por qué los sindicatos no plantean el sacar a oposición las 200 plazas de interinos cubiertas por trabajadores que fueron empleados para tres meses y que las han mantenido durante años. Algo que es irregular pero que no está en el debate. O por qué todos los funcionarios cobran mensualmente productividad sin que exista un criterio para valorarla, al margen de la propioa productividad que demuestren.