Todos los grupos políticos con representación en el Pleno de Rojales acordaron en mayo de 2017 cursar una reclamación económica a la empresa concesionaria de las basuras. Desde 2014 es el Ayuntamiento el que está sufragando las facturas por derivar los residuos al vertedero, pero ese es un concepto que, según entienden, tiene que afrontar la mercantil Sirem. Las deudas de los dos primeros años, por un total de 385.158 euros, ya se le exigieron mediante un procedimiento judicial. Sin embargo, no se le ha reclamado por los años posteriores, hasta un total de 813.578 euros. A este respecto el Partido Demócrata de Rojales (Pader) criticó ayer que el alcalde, Antonio Pérez, haya hecho caso omiso al acuerdo plenario adoptado hace nueve mediante el que se acordó exigir el reembolso económico.
Para que esta cuestión no caiga en el olvido, el portavoz del Pader, Desiderio Aráez, ha presentado un requerimiento al regidor para exigirle que tramite el expediente para reclamar esos 813.578 euros a la empresa de las basuras, ligada al empresario Ángel Fenoll. Fue el departamento de Intervención el que avaló llevar a cabo la operación y cuantificó el importe que se debía de exigir a la mercantil. El acuerdo de pleno no se adoptó por iniciativa del gobierno socialista, sino que fue la oposición la que forzó una sesión para abordar este asunto. Lo hicieron con el aval del departamento de Secretaría, que entiende que ya se inició una reclamación por ese concepto relativa a los años 2014 y 2015 y, por lo tanto, procede seguir reclamando.
«Dinero de los ciudadanos»
Según consideró Desiderio Aráez, «es un dinero que le pertenece a los ciudadanos de Rojales, al haber estado pagando la eliminación de los residuos sólidos urbanos de manera doble, ya que se abonaban a la concesionaria Sirem y también a las correspondientes plantas a donde se han depositado dichos residuos». Por ese motivo no entiende que el gobierno socialista no haya tenido más celo para recuperar una cantidad con la que se podrían realizar numerosas mejoras en el municipio.
Para Aráez, está ocurriendo un caso similar con respecto a la mercantil concesionaria del servicio de agua en el municipio. El Ayuntamiento ha impulsado un proyecto de mejora de infraestructuras ligado a una extensión del contrato mientras la oposición quiere que antes de que siga avanzando el proceso se redacte un estudio de costes del servicio de abastecimiento actualizado hasta el 30 de septiembre de 2017. En ese sentido, también fueron todos los grupos políticos los que apoyaron esa propuesta en un pleno celebrado el pasado noviembre pero, hasta ahora, no se ha recibido. «Esto sigue sin llevarse a cabo a pesar de habérselo requerido verbalmente al alcalde en varias ocasiones».
«El Pader no está dispuesto a seguir permitiendo que Antonio Pérez haga caso omiso a las interpelaciones que le hemos estado haciendo. Estamos hablando de defender los intereses económicos de todos los ciudadanos de Rojales y por eso le advertimos que de no ejecutarse los acuerdos aprobados y denunciados relativos a las basuras y el agua, interpondremos un recurso contencioso por inactividad administrativa», señalaron desde ese grupo de la oposición.
