El puerto deportivo de Guardamar del Segura se ha convertido en un zulo a cielo abierto en el que están secuestradas una veintena de embarcaciones. Desde hace 15 meses no pueden salir a navegar debido a que no existe calado suficiente para que los barcos puedan surcar el tramo que da acceso al mar. La vía de salida es la desembocadura del río Segura, pero tiene tanto lodo acumulado que la profundidad del agua se ha reducido a 1,80 metros, cuando debería de ser de al menos tres metros. Los propietarios afectados están hartos de esperar soluciones que no llegan. El remedio pasa por realizar un dragado y eso es algo que tiene que coordinar el Ayuntamiento, que es quien tiene la concesión portuaria a través de la empresa municipal Marina de las Dunas SA (Madusa). El alcalde, José Luis Sáez, justifica la tardanza en que están pendientes de una autorización de la Dirección de Costas.
El origen del problema se remonta a diciembre de 2016, cuando se registró un fuerte temporal que causó el arrastre de sedimentos hasta la desembocadura. Los perjudicados por la situación aseguran que han mantenido diversas reuniones con los responsables de la empresa pública que preside, precisamente, el regidor. Muy a su pesar nada ha cambiado desde entonces, por ello se han agrupado ahora en torno a una plataforma con la que esperan tener más fuerza. Se plantean incluso iniciar la vía judicial.
Cuotas trimestrales
Aunque los afectados no pueden navegar, siguen abonando las cuotas por hacer uso del puerto. Un amarre de 12 metros ronda los 400 euros trimestrales. «Incluye el servicio de marinería, limpieza y seguridad pero también la garantía de poder salir al mar y eso es algo que se está incumpliendo», relató a este diario uno de los perjudicados. Asimismo incidió en que los barcos necesitan navegar para mantenerse en condiciones óptimas y esa es una situación que les preocupa. Algunos que tenían amarres alquilados ya han decidido marcharse de Guardamar -aseguran que unos 15- y buscar atraques alternativos. En ocasiones han tenido que ser ayudados por otras embarcaciones para poder escapar del puerto porque, sostienen, también allí se ha visto reducido el calado.
La situación que se vive también repercute de forma negativa en los propietarios de embarcaciones más pequeñas que sí pueden entrar y salir del puerto a través del río. El canal navegable para llegar hasta el mar se ha reducido como consecuencia de la acumulación de sedimentos y ahora el perímetro habilitado para ello -que se delimita con boyas- es bastante más estrecho. Si se cruzan dos barcos, uno de entrada y otro de salida, tienen problemas para pasar a la vez, lo que genera inseguridad.
Cinco administraciones
El regidor asegura que el principal escollo con el que se han encontrado para acometer el dragado es que en ese punto confluye la supervisión de cinco administraciones, que son la Conselleria del ramo, la Confederación Hidrográfica del Segura, Costas, Capitanía Marítima y Puertos de la Generalitat. Sáez dice que el proyecto de dragado se está adaptando continuamente. «Cuando cambiamos algo que nos pide una administración hay que someterlo al examen de las demás y, si hay pegas, rehacerlo. Es la pescadilla que se muerde la cola». Según el socialista, el problema está ahora en encontrar una ubicación donde depositar los sedimentos, que podrían alcanzar los 5.000 metros cúbicos. Costas no permite arrojarlos al mar y para llevarlos a un vertedero hay que deshidratarlos primero. Se plantean habilitar balsas temporales junto al puerto, pero la solución final se desconoce. Otra cuestión será, por supuesto, quién lo sufraga. La última vez que se dragó el puerto, hace nueve años, costó 450.000 euros que asumió la empresa pública. Se pagó en parte con la cuotas de los barcos que ahora están atrapados.
