La adjudicación de la redacción del proyecto para reformar las instalaciones de la piscina municipal ha vuelto a enfrentar al gobierno socialista con la oposición. El Partido Demócrata de Rojales (Pader) asegura que se ha contratado a un arquitecto por casi 18.000 euros sin que éste haya presentado un anteproyecto o memoria detallando qué se va a hacer exactamente y cuánto costará. La formación sostiene que se ha encargado el trabajo «a toda prisa y a dedo» para sortear la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, que impide contratar de forma directa por más de 15.000 euros. Por ello ha anunciado que impugnará ese acuerdo.

La Concejalía de Deportes solicitó, tal y como marca la ley, tres presupuestos para elegir el más apropiado para ejecutar la obra. Sin embargo, las diferencias entre las propuestas recibidas eran mínimas, con variaciones que oscilaban en tan solo 150 euros. Sin embargo, «ninguna de ellas incorporaba proyecto o memoria que pueda justificar el importe ofertado», aseguró el portavoz del Pader, Desiderio Aráez. Con esta maniobra del equipo de gobierno, el Pader denunció que «el pueblo de Rojales se va a quedar con las ganas de poder elegir el mejor proyecto». Según Aráez lo han hecho «sin tener en cuenta el informe del técnico municipal, que deja claro que las ofertas presentadas carecen de elementos que permitan hacer una valoración bajo criterios técnicos».

Calidad y precio

«No entendemos que el criterio para elegir el beneficiario del contrato sea el de la oferta más económica, cuando, en este caso, son diferencias de solo 150 euros. Sin embargo no se tiene en cuenta ni el proyecto, con sus respectivos diseños, ni las memorias económicas, elementos fundamentales según el informe del técnico municipal para poder hacer la elección», consideró el concejal.

El Pader destacó además que en la nueva ley de contratos desaparece como criterio de adjudicación la figura de la oferta económica más ventajosa y se sustituye por la de «mejor relación calidad-precio», donde se evalúan los criterios económicos y cualitativos, algo que «se ha evitado adjudicando el proyecto un día antes de su entrada en vigor». Con ello, prosiguió Aráez, «los ciudadanos nos vamos a quedar con las ganas de saber si por 150 euros más se podría haber elegido otro proyecto con mejor diseño o más económico». El edil defendió que de haber sacado el proyecto a licitación pública se podrían haber visto las alternativas que proponen los arquitectos interesados y elegir la mejor.

Por su parte el alcalde, Antonio Pérez, señaló que se ha elegido a un arquitecto «de confianza» al que se le ha explicado qué es lo que quiere realizar el Ayuntamiento, que incluye tres nuevas piscinas, un vestuario y una cantina y, en base a ello, hará su proyecto. El regidor dijo que han estado trabajando en ese asunto varios meses y se ha adjudicado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa para no retrasarlo más. Su pretensión es que las obras comiencen después de verano y la inversión total podría rondar los 200.000 euros.