No han tardado ni un mes en cambiar el presupuesto que ellos mismos aprobaron. El cuatripartito que gobierna el Ayuntamiento de Torrevieja (Los Verdes, PSOE, IU y APTCe) logró ayer sacar adelante ayer la primera modificación presupuestaria del año para poder financiar proyectos que, aunque eran previsibles, no fueron contemplados en las cuentas de 2018, que entraron en vigor el pasado 16 de febrero. En concreto, se acordó destinar 3.590.660 euros adicionales para poder costear la implantación de la administración electrónica, pagar una nueva sentencia por el servicio de la grúa y afrontar la reforma del paseo marítimo de Punta Margalla. Ello a pesar del informe del interventor, que advirtió que con esta operación se incumple todavía más la regla de gasto y, por tanto, habrá que aprobar más medidas coercitivas que se traducirán en recortes a través de un plan de ajuste.
La modificación de créditos se acordó en una sesión plenaria celebrada ayer con carácter urgente y extraordinario con los votos a favor de los integrantes del cuatripartito y de Sueña Torrevieja. Aunque el debate, como de costumbre, volvió a ser tenso entre gobierno y oposición, finalmente nadie se posicionó en contra del acuerdo y los grupos del PP y Cs optaron por la abstención. Buena parte de esos proyectos se financiarán a través de un préstamo bancario que rondará los 2,5 millones y el resto con cargo al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria y de los salarios previstos para plazas de la plantilla de funcionarios que no están ocupadas.
Las críticas de la oposición se centraron, principalmente, en la falta de previsión del cuatripartito por no incluir estos gastos en las cuentas de 2018 a pesar de que se conocía que serían necesarios. Llama la atención especialmente la partida necesaria para acometer la obra del paseo marítimo entre Punta Margalla y la Avenida de las Habaneras. El lunes el alcalde, José Manuel Dolón, compareció públicamente para criticar que la Diputación -que asume el coste del 50% de la reforma y dirige la ejecución del proyecto- había sido «incapaz» de realizarlo desde 2014, causando perjuicios a Torrevieja. Horas después el diputado de Planes de Mejoras a Municipios, Bernabé Cano, entró al trapo y contestó, públicamente, que es el consistorio el que debe de realizar un último trámite para desbloquear la obra y acusó al regidor de «generar una nueva polémica con la Diputación para ocultar su mala gestión». Pues bien, en la modificación presupuestaria de ayer se acordó consignar precisamente 453.331 euros para ese proyecto, es decir, que en el presupuesto para 2018 tampoco se incluyó el montante necesario para acometer la obra y eso es algo que se sabía desde noviembre.
«¿Por qué no se puso la cantidad correspondiente en el presupuesto? Se sabía que había que pagar el 50% y no se incluyó y el alcalde sale a decir que la culpa es de la Diputación», dijo el portavoz del PP, Eduardo Dolón, que reprochó que lo mismo ha sucedido con la cantidad para impulsar la administración electrónica o para sufragar la sentencia por la grúa, que también llegó al Ayuntamiento en noviembre. «La modificación traerá nuevos recortes por incumplir la regla del gasto. Si usted hubiera sido previsor lo hubiera metido todo en el presupuesto», dijo el portavoz popular al concejal de Hacienda, José Hurtado (LV). Éste, en cambio, defendió que asuntos como el de Punta Margalla o el de la grúa no se incluyeron en las cuentas porque ya estaban cuadradas y en disposición de ser aprobadas de forma inicial en diciembre, por lo que era más complicado rehacer de nuevo el presupuesto que impulsar después una modificación de crédito como la aprobada ayer.
Autonomía financiera
El edil de Los Verdes aseguró también la administración electrónica está «siendo tramitada desde el primer día» por el equipo de gobierno y consideró que el presupuesto «es algo que hay que ir adaptando de forma continua según el contexto y la situación». El responsable de Hacienda se quejó de que el Ayuntamiento no tenga más autonomía financiera para impulsar determinadas inversiones con cargo a los 20 millones de euros de superávit por la «asfixia» de la regla de gasto que impone del Gobierno nacional, y recordó al PP que la sentencia por la grúa viene heredada de su gestión en el municipio. De hecho, son ya cerca de siete millones de euros los que se han pagado por no haber abonado facturas que la mercantil reclamaba por prestar sus servicios desde 2008. Hurtado dijo asimismo al PP que «si no gastamos ustedes nos reprochan que no gastamos en servicios para la ciudad, y si gastamos nos reprochan que incumplimos la regla de gasto».
Mientras tanto, el portavoz de Sueña, Pablo Samper, defendió que «se cumplían los requisitos legales para hacer» dicha modificación de crédito aunque aseguró que «no deja de ser curioso porque (la operación) llega un mes después de la aprobación definitiva del presupuesto». El edil llamó al orden igualmente al gobierno municipal y al provincial porque «se echan la culpa de los retrasos de la obra del paseo marítimo y no dan soluciones a los vecinos».
La portavoz de Cs, Pilar Gómez Magán, recordó que la administración electrónica deberá de estar implantada en octubre o de lo contrario el consistorio podría recibir sanciones mientras el PP le recriminó que esa partida no se contempló en el presupuesto de 2018 que ella votó a favor. Gómez Magán dijo que su grupo está «para hacer una oposición constructiva» y «no obstaculizamos, pero exigimos que se gobierne de forma eficiente».
