Pudo haber delito en la permuta de terrenos que la propietaria de los terrenos en Cala Mosca firmó con el Ayuntamiento de Orihuela en 2001, pero este hecho, de ser así, quedará impune, porque ha prescrito. Es la respuesta que ha recibido Cambiemos Orihuela de la Fiscalía Anticorrupción tras poner en su conocimiento los presuntos hechos delictivos, basándose en la escasa cuantía en la que la mercantil Gomendio pagó al Consistorio por la permuta de la superficie que en esa zona virgen del litoral de Orihuela le correspondía al consistorio para uso público, como marca la ley, por unos terrenos donde la constructora levantó el Centro Cívico de Alameda del Mar y que tenían un precio inferior a los situados frente al mar. En concreto, la propietaria de los terrenos estableció por ese suelo un precio de 31,23 euros, cuando 6 años antes, en 1996, el arquitecto municipal lo valoró en 60 euros el metro cuadrado.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Orihuela, entonces gobernado por el popular José Manuel Medina, lo aceptó sin hacer ninguna contraoferta. Ahora, aunque el fiscal ve «apariencia delictiva» recuerda que al pasar más de 10 años los posibles delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito e, incluso, el último ni siquiera estaba tipificado en aquella época.
Último reducto virgen
Cala Mosca es el último reducto virgen de la costa de Orihuela y sobre él pesa la construcción de 1.500 viviendas desde hace casi 20 años, aunque en los terrenos sólo se han instalado las tomas eléctricas tras años de recursos, investigaciones judiciales y denuncias que han llegado hasta la Unión Europea. Es una idílica zona frente al mar en Orihuela Costa que lleva dos décadas bajo la amenaza de desaparecer envuelta en cemento. A finales de los años 90 los constructores se empezaron a interesar por el único reducto sin construir del litoral de Orihuela. Finalmente, las mercantiles Playa Salvaje y Bahía Dorada, firmas pertenecientes al Grupo Gomendio, se hicieron con los jugosos terrenos, pero, como ocurre con cualquier nueva urbanización, el constructor debe ceder al ayuntamiento una parte de la superficie para uso público. En este caso lo que pretendía el consistorio oriolano, gobernado por Medina, era que se construyera allí un colegio.
Una oferta que a los propietarios del terreno no les satisfacía y propusieron quedarse con el espacio destinado a zona escolar, y, a cambio, ofrecieron al consistorio una permuta por otros terrenos propiedad de la constructora donde levantaron un centro cultural. Un acuerdo aceptado por el Ayuntamiento de Orihuela en 2001, que incluía la permuta del suelo por poco más de 30 euros.
El asunto lo ha retomado 17 años después un grupo municipal que no existía por aquel entonces, Cambiemos. Sus ediles se percataron de que «algo olía mal» tras saber de la existencia de la valoración que hizo el arquitecto y la diferencia de precio con lo que realmente pagó la constructora que pretendía levantar, y pretende, una urbanización con 1.500 casas frente al mar.
Los hechos los puso este grupo municipal en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. La información que dio pie a la denuncia realizada por Cambiemos incluía documentos y actas notariales con nombres y fechas en blanco, como el Convenio Urbanístico relativo a la permuta del suelo, donde aparecen sin cumplimentar datos tan sensibles como la fecha de firma o el NIF de los responsables. «Es más que una chapuza, es un saqueo», dijo ayer el edil Javier Gracia para quien la respuesta del fiscal le ha dejado «una sensación agridulce, ya que revela que nuestras intuiciones no iban desencaminadas: el proyecto de Cala Mosca es una barbaridad económica, social y medioambiental, y un posible pelotazo trufado de ilegalidad, pero está prescrito». La Generalitat tiene bajo su lupa estos terrenos al vivir allí un caracol y una planta protegida, que pueden paralizar lo que no ha conseguido nadie.
