El concejal de Educación, José Hurtado, anunció ayer que en la última junta de gobierno se aprobó iniciar la instrucción de un expediente sancionador a OHL Ingesán Servicios S.A. adjudicataria del Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Centros de Enseñanza Pública de Infantil y Primaria de Torrevieja. El motivo: las infracciones «muy graves» que se están produciendo de forma reiterada, al tiempo que se le requiere con carácter de urgencia para que proceda a cumplir con el pliego de condiciones del contrato. Deficiencias denunciadas por los directores de los centros desde que se inició el contrato y corroboradas con un seguimiento realizado desde hace un año por los técnicos.

Esas infracciones están provocando «situaciones de manifiesta peligrosidad» según los informes de los funcionarios que supervisan el contrato para los usuarios de las instalaciones -alumnos y profesores- y demora continuada en la subsanación de los trabajos encomendados por el técnico del expediente.

Hurtado dijo que «el grado de incumplimiento de la empresa es insostenible» y calificó como «demoledor» el informe técnico. Además añadió que no tiene ningún interés en «enfrentarme con la empresa, al contrario, lo deseable sería que este asunto se gestionara de la manera más amistosa posible, pero es verdad que el Ayuntamiento no puede quedar impasible» y aclaró que «no vamos a permitir que con el dinero público se esté incumpliendo flagrantemente el contrato».

La técnico municipal, de oficio, con fecha 22 de febrero ya requirió a la empresa esa ampliación de plantilla, requerimiento que fue respondido y comunicado al Ayuntamiento con fecha 1 de marzo, con la incorporación de tres trabajadores: un oficial de primera electricista, un fontanero con el mismo rango y uno polivalente.

Las sanciones que podrían imponerse a la empresa pueden ir desde una multa hasta la resolución del contrato, contrato que se estuvo tramitando durante dos años y salió a licitación por 217.195 euros anuales, 1.310.430 en total para cuatro años más dos de prórrogas, mientras que el precio de adjudicación anual fue de 134.871.

El concejal también dijo que otro motivo de desacuerdo con la empresa lo constituye, desde prácticamente el primer mes de entrada en vigor del contrato, las contradictorias valoraciones de las certificaciones por los trabajos realizados.