La sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, ha acordado la suspensión de la vista oral oficial jefe de la Policía Local de Cox, Daniel Monera, que estaba prevista para hoy, y en el que se enfrentaba a dos años de prisión acusado por una agente de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. El juicio se iba a celebrar precisamente el Día Internacional de la Mujer, en plena reivindicación de derechos, especialmente laborales.
La suspensión se ha acordado a petición de la defensa, representada por el letrado Juan Pedro González, quien representa a la asociación provincial de mandos de la Policía Local, quien defiende la inocencia de su cliente pero que argumenta una causa de forma en el procedimiento que habría supuesto que éste ha prescrito: los cuatro años y medio que ha necesitado la sala para fijar la vista. La parálisis del procedimiento nunca debería haber superado los tres años, entiende esta parte.
Ante la petición, el juzgado ha decidido aplazarlo para analizar esta cuestión previa, que también podría haberse visto en la misma vista oral, lo cual podría haber sido absurdo para el caso de que se le admita. Los hechos por los que se abrió esta causa ocurrieron entre 2005 y 2008 y el fiscal solicita dos años de prisión para el responsable policial. Por ahora se desconoce, evidentemente, si habrá otra fecha de juicio por unos hechos que se habrían producido hace más de una década.
La acusación pública sostiene que el acusado, superior de la víctima en el escalafón policial, mantuvo "una actitud de desprecio, humillación y persecución hacia la mujer, a la que dejaba constantemente en evidencia ante sus compañeros y ante los ciudadanos", explica el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia. Para ello, aludía a la capacidad profesional de la víctima y a su vida personal. Además, le encargaba las peores tareas y los servicios más incómodos, y le pedía al resto de agentes que no la ayudaran en el caso de que la compañera solicitara apoyo. La mujer necesitó tratamiento médico.
La defensa esgrime que la denuncia de la agente se produjo como contestación a una apertura de expediente que le abrió el jefe de Policía por una cuestión de trabajo.
