A principios del año 2016, la cúpula directiva de la empresa estatal Acuamed, encargada de supervisar las obras de la desalinizadora, fue encausada en la operación "Frontino" de la Guardia Civil, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Los directivos estaban acusados de inflar supuestamente el presupuesto de obras hidráulicas a favor de contratistas como FCC y Acciona, a través de varias fórmulas, como los sobrecostes.

Solo para el caso de la desalinizadora de Torrevieja el juzgado investiga si Acuamed accedió al pago de sobrecostes nos justificados solicitado por la UTE constructora liderada por Acciona por valor de 17 millones de euros en la liquidación final de la planta, iniciada en 2007 y finalizada en 2014, tras encadenar la adjudicataria numerosas prórrogas.

Esos sobrecostes se sumaban a los 182 millones de euros de dinero público ya fijado por el pago de la desalinizadora en el contrato Esas reclamaciones, que se centraban en costes muy difíciles de cuantificar como metros de obra subacúatica para la evacuación de salmueras o captación de agua del mar a lo largo del dique de Poniente, fueron respaldadas por los directivos pero no por alguno de los técnicos.

La empresa justificó los sobrecostes también en el retraso de la conclusión del proyecto -que para muchas de sus actuaciones se vio bloqueado por un gobierno del PP en la Generalitat contrario (en ese momento) a la construcción de desalinizadoras por su impacto ambiental y económico-

La cúpula directiva fue renovada tras el escándalo. Imputados han vuelto a trabajar en Acuamed, aunque no en los mismos puestos de responsabilidad, en algunos casos tras pasar varios meses por prisión preventiva y abonar abultadas fianzas. Por ejemplo, Gabriela Mañueco, que visitó en el verano de 2013, junto al entonces alcalde Eduardo Dolón (PP) las obras de reurbanización del barrio de San Roque. Esa reurbanización es la única parte del programa de restitución territorial y compensación comprometido por el Ministerio de Medio Ambiente con Torrevieja por el impacto de la desalinizadora, que está terminada.

Al contrato se presentaron ofertas de más de 40 empresas. Se adjudicó a Acciona. La misma firma que estaba terminando de construir la desalinizadora. Esas obras -ampliación de aceras, asfaltado y nuevo alumbrado- costaron 5,7 millones de euros. Y según la carta dirigida por la ministra Isabel García Tejerina al alcalde José Manuel Dolón, no están recepcionadas por el Ministerio por motivos que no explica. Sí están en uso desde hace más de cuatro años.Los otros proyectos

Otras cuatro obras de ese proyecto siguen paralizadas. El paseo del muelle de Poniente, por 1,5 millones de euros está paralizado tres años después de que se culminara su pavimentación. De forma oficiosa y con constantes actuaciones municipales para impedirlo porque no es seguro, es usado por los vecinos de la zona. La senda peatonal -con unos 800.000 euros de presupuesto- entre Los Náufragos y Ferrís solo está reflejada sobre el papel. Ni tan siquiera se ha licitado y necesita autorizaciones de Costas. El paseo de la Playa del Acequión y reurbanización de calles adyacentes está en el mismo punto -3,4 millones de presupuesto-. Por último está prevista la reurbanización del propio canal del Acequión con una inversión estimada en 300.000 euros y que solo está pendiente de licitar por Acaumed.