El macroproyecto para construir 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores no está muerto, al menos en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento a devolver 1,8 millones de euros al promotor de las obras, San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA. La empresa entregó ese dinero al consistorio como anticipo tras hacerse con la adjudicación provisional. Finalmente la mercantil quebró, la construcción nunca se llevó a cabo y ahora reclama que se le devuelva hasta el último céntimo, más intereses.
El fallo judicial ha supuesto un duro varapalo para la administración local, que no sabe cómo hacer frente a ese pago. Existe la posibilidad de interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo y eso es algo que se hará en las próximas semanas. La maniobra permitirá al menos dilatar el proceso para planear cómo afrontar una condena que, si queda ratificada, pondrá patas arriba las cuentas del consistorio.
El periplo judicial relacionado con el proyecto «Dolores Golf» se ha alargado durante años. Fue en noviembre de 2005 cuando el Ayuntamiento adjudicó en pleno de forma provisional el proyecto para recalificar los terrenos e impulsar la urbanización de la zona, que ocupaba una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados en plena huerta tradicional. Poco después San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA entregó los 1,8 millones al Ayuntamiento. El ingreso se justificó como el ejemplo palpable de la riqueza que este proyecto iba a generar en un municipio ligado a la agricultura. No obstante el plan parcial no había sido validado aún por la Generalitat. Por no tener no tenía ni estudio de impacto ambiental, aunque ya se promocionaba en todas las ferias de turismo.
Cinco años después todo cambio. En junio de 2010 el consistorio le retiró a la empresa la condición de agente urbanizador. La mercantil estaba en quiebra, entró en concurso de acreedores y no pudo hacer frente al aval exigido, de cerca de 4 millones de euros. La empresa presentó un recurso para intentar seguir al frente del suculento negocio en pleno boom inmobiliario. Ahí empezó la batalla judicial. El juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche le dio la razón en 2015 y ahora lo ha vuelto a respaldar el TSJCV, que dice que hay que devolverle el dinero.
En paralelo se ha librado otro combate en los juzgados. En 2014 el juzgado de lo Contencioso 1 de Elche declaró ilegal la adjudicación del proyecto de construcción de las viviendas y el campo de golf. El fallo resolvía que ni el alcalde Gabriel Gascón (PP) ni otros dos ediles de esa formación podían votar en el pleno la recalificación de los terrenos porque tenían intereses. La instrucción judicial que dio lugar a esa sentencia se inició tras un recurso del grupo socialista. Sin embargo, hace unos días otra sentencia del TSJCV ha concluido que la adjudicación para aprobar el Programa de Actuación Integrada en los terrenos y otorgar la condición de agente urbanizador a San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA fue plenamente legal.
