El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha vuelto a ser condenado por un despido irregular realizado por el gobierno tripartito, y ya van dos casos. En esta ocasión el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado la sentencia emitida por el juzgado de Lo Social Número 3 de Elche, que falló que el cese del conserje del polideportivo se notificó mediante una carta que no cumplía los requisitos exigidos por la jurisprudencia para garantizar su defensa. Ahora el consistorio tendrá que pagarle una indemnización de 25.313,60 euros porque no quiere readmitirlo.

El tripartito (PSOE, EU y Somos) acordó en junio de 2016 expulsar de su puesto al trabajador por cometer presuntas faltas de forma reiterada. Alegó trato incorrecto e irrespetuoso hacia niños y padres; prohibir la utilización del uso de instalaciones; imponer horarios arbitrariamente sin ser los propios de la instalación; cerrar aseos injustificadamente; apagar luces cuando todavía quedaban usuarios en el recinto o proferir gritos e insultos. De hecho, 66 personas firmaron un escrito mediante el que se quejaban de tales actitudes. Sin embargo el procedimiento que utilizó el Ayuntamiento para el despedido no fue el reglamentario. Lo que ha hecho ahora el TSJ es rebajar la cantidad inicial que se había fijado en concepto de indemnización. El fallo en primera instancia fijaba que se le debía de pagar una compensación de 31.192,62 euros o readmitirlo en el puesto. Ahora se ha rebajado a 25.313,60 euros ya que se le descuenta del cómputo el tiempo que trabajó como personal de confianza -coordinador de Escuelas Deportivas- entre 2002 y 2003.

Sobre este asunto el alcalde, Fran Maciá, defendió ayer que el trabajador «ya había tenido un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo por mala praxis laboral y se decidió despedirlo por las quejas registradas por los usuarios». No obstante el tribunal deja claro que el procedimiento no siguió los cauces necesarios.

Cabe recordar que recientemente el consistorio ha sido condenado también a pagar casi 80.000 euros a un arquitecto técnico que también fue despedido de forma irregular, vulnerando sus derechos fundamentales. En la sentencia se motivó que el procedimiento de contratación, en 2004, se hizo de forma irregular, pero su despido fue igualmente ilegal.