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San Miguel de Salinas

El Consell negocia con San Miguel de Salinas la instalación de una planta para tratar basura

El Ayuntamiento y la Generalitat acuerdan organizar una asamblea ciudadana para explicar las bases del proyecto del Plan Zonal

El Consell negocia con San Miguel de Salinas la instalación de una planta para tratar basura

El municipio de San Miguel de Salinas es uno de los candidatos para albergar una de las plantas de tratamiento de basuras que precisa la Vega Baja. Su ubicación y la existencia de terrenos rústicos alejados del casco urbano motivan que sea una de las opciones que baraja la Generalitat para intentar poner en marcha el Plan Zonal de la comarca y regular, por fin, la eliminación de los desechos. Según ha podido saber este diario, un propietario ya ha ofrecido una finca que podría ser apta y todas las posibilidades están abiertas. El Ayuntamiento está dispuesto a explorar esta opción pero quiere evitar polémicas entre los residentes. Para ello ha organizado una asamblea vecinal que se celebrará el día tres de marzo. Allí se explicará a los residentes en qué consiste este tipo de instalación, que sería similar a la ubicada en Algimia de Alfara (Valencia).

El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, se ha reunido con los portavoces de los cuatro grupos políticos de San Miguel de Salinas, así como con representantes de la Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel y del colectivo Amigos de Sierra Escalona. En dicho encuentro el representante del Consell explicó las políticas para potenciar el reciclaje de residuos que está promoviendo el ejecutivo autonómico y abordó la necesidad de poner en marcha diferentes instalaciones para tratar la basura en la Vega Baja. La que se plantea en San Miguel es la de tratamiento, que consiste en recibir camiones cargados de desechos y separar todos los materiales que pueda ser reciclables o reutilizados para producir energía. El resto, lo que se conoce como rechazo, iría a un vertedero que «en ningún caso estaría aquí ubicado», aseguró ayer el concejal Sergio Correas, que ejerce esto estos días como alcalde en funciones. El edil explicó que el municipio recibiría una contraprestación por acoger la instalación. Aunque no está determinada aún, asegura que Piquer les puso un ejemplo, el de Algimia de Alfara, donde el Ayuntamiento recibe una compensación económica cercana al 30% del presupuesto anual. El porcentaje varía en función de las toneladas de desperdicios que llegan.

Concurso

Desde el equipo de gobierno (PP y UPyD) admiten que la decisión última la tomará la Generalitat a través del concurso que se convoque para poner en marcha las instalaciones. Según Correas, el Ayuntamiento sólo tiene que certificar la compatibilidad de los terrenos si se dispone, como está previsto, en suelo rústico.

La oposición municipal, formada por el PSOE e IU, no se ha pronunciado por ahora en contra de esta posibilidad. Es un hecho que sorprende si se tiene en cuenta que fueron ambos grupos los que en 2015 exigieron la convocatoria de un pleno en el que por unanimidad se rechazó la instalación de plantas relacionadas con la gestión o tratamiento de los residuos a raíz de las críticas de movimientos de vecinos, que no querían ni oir hablar de esa opción. Ahora todo apunta a que la oposición ha cambiado de parecer y se muestra dispuesta a explorar esta posibilidad y a trabajar codo con codo con el bipartito, con el que también se están abordando asuntos como la redacción de un nuevo Plan General. De hecho, se han intensificado las reuniones en materia urbanística y, por ello, aseguran, han recuperado el sueldo que perdieron en 2015. Ahora Bienvenida Campillo y José Antonio Carrasco percibirán 14.800 euros anuales.

Al portavoz del PP en el Consorcio de residuos de la Vega Baja, Emilio Fernández, le sorprendió ayer conocer que la reunión entre todos los grupos políticos de San Miguel de Salinas y Joan Piquer se ha producido con sigilo y que no se haya informado de lo que ocurre. Fernández es vicepresidente del ente consorciado y criticó ayer la «falta de transparencia» al considerar que todos los representantes de la Vega Baja en ese organismo deberían de estar informados de los pasos que se están dando para intentar poner orden en las basuras de la comarca.

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