El comisario jefe de la Policía Local se enfrenta a la apertura de un segundo expediente disciplinario tras una nueva sentencia, la tercera en dos años, por un acoso laboral de mandos hacia los agentes. Comisiones Obreras ha reclamado al alcalde, José Manuel Dolón, la apertura «inmediata» de medidas disciplinarias contra el jefe policial una vez que el Ayuntamiento ha acatado una sentencia sin recurrirla. En los tres casos el municipio no ha recurrido y ha asumido el pago de las indemnizaciones, al considerar que las tenía perdidas en instancias superiores. En los dos primeros se ha procedido a iniciar estos expedientes. Uno de ellos se ha archivado por prescripción, el otro, que afecta al comisario jefe, sigue en trámite, según fuentes municipales.
El policía, que ha recibido una indemnización que supera los 20.000 euros -entre los tres casos suman más de 120.000-, llevó la situación de acoso a la vía de lo contencioso inicialmente porque el Ayuntamiento no activaba el protocolo contra el «mobbing». Pero el procedimiento terminó juzgando la propia situación de acoso, ante la inactividad municipal y condena para el Consistorio. En el juicio el agente, que probó secuelas psicológicas, además de periodos de baja, señaló al intendente Vicente Gutiérrez como responsable máximo del acoso -y así lo refleja la sentencia también-. Tras confirmarse este último fallo el Ayuntamiento terminó por poner en marcha el protocolo antiacoso, aprobado desde años antes, pero con la ayuda de especialistas de la Universidad de Alicante, porque ningún psiquiatra quería hacerse cargo de esa función en el municipio.
La situación de «mobbing», según se explicó en la vista oral, se produjo desde el momento en el que este agente y su compañero de patrulla se negaron a practicar varias detenciones que consideraban ilegales. En concreto, arrestos en el mercadillo de supuestas carteristas, realizados por orden de un inspector ya jubilado, sin que hubiese, a su criterio, un hecho concreto y probado por el que retenerlas y trasladarlas a la jefatura, algo que se hacía de forma sistemática todos los viernes. Las afectadas, que finalmente fueron arrestadas, presentaron denuncia contra el inspector por detención ilegal, sin que se haya resuelto la causa en los juzgados.
Desde que el agente se negó a cumplir este servicio, y según su relato en el juzgado, se le marginó en el cuerpo, recibió mofas de los agentes más afines a la Jefatura y se le remitió a funciones que no tenían relevancia.
Ayer este diario intentó conocer por parte del primer edil si se va a abrir expediente disciplinario, algo que debe dirimirse en junta de gobierno. Cuando el equipo de gobierno anunció acciones similares tras las dos condenas consecutivas por acoso laboral en la Policía Local los mandos aludidos anunciaron a su vez querellas contra el primer edil y la teniente alcalde, Fanny Serrano, que, a día de hoy, no se han sustanciado.
La relación entre el primer edil y jefe máximo de la Policía Local y el principal mando del servicio, Vicente Gutiérrez, es tensa.
El intendente jefe ayer se pronunció sobre la iniciativa del sindicato mayoritario en la plantilla de esta forma textualmente: «Estoy convencido de que será difícil poner de rodillas a alguien que sabe que su trabajo es proteger a los ciudadanos de la corrupción y de los corruptos, sean estos particulares, funcionarios, políticos o palmeros sin mantilla».
