La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación que dirigía contra el alcalde de Callosa de Segura, Fran Maciá (PSOE), relacionada con la construcción de una nave industrial sobre suelo rústico. El inmueble fue levantado por un familiar del regidor sin ningún tipo de licencia y el Ayuntamiento acabó dictando una orden de demolición. Sin embargo el derribo no se llevó a cabo y el fiscal vio indicios de prevaricación por omisión en la actuación del socialista, que estaba bajo sospecha de haber mirado para otro lado con tal de beneficiar al dueño de la nave. Sin embargo el Ministerio Público cree ahora que los hechos «pese a ser irregulares, carecen de relevancia suficiente como para alcanzar entidad penal que justifique la judicialización de este asunto mediante la interposición de denuncia».
Los que la Fiscalía ha investigado en primer lugar ha sido la participación del regidor en el expediente sancionador y de restauración de legalidad iniciados por el consistorio contra la mercantil que ejecutó la obra irregular, con la mira puesta en el hecho de que sean familiares de Fran Maciá. A ese respecto el fiscal Pablo José Romero ha concluido que «por más que sí que puede resultar llamativa esta intervención y que en el investigado podría concurrir una abstención, esta irregularidad, por si sola, no constituye tipo penal alguno ya que no queda acreditada la vinculación directa, ni por medio de persona interpuesta, de Maciá con ninguna de las empresas referidas», entre ellas Alocén Desarrollos SA.
La segunda cuestión en la que se ha centrado el Ministerio Público es en la inejecución del decreto de demolición de la construcción ilegal, aunque no ha apreciado apariencia delictiva en ese hecho. Según Romero, se ha puesto de manifiesto que la asesoría jurídica del consistorio callosino siempre aconseja que, previo a ejecutar cualquier acto que agote la vía administrativa, se espere un plazo de prudencia de unos seis meses por si hubiera algún procedimiento contencioso que no conocieran. Es decir, que el derribo del inmueble no se ejecute con rapidez por si los propietarios han iniciado acciones judiciales contra el ayuntamiento y son desconocidas.
Expedientes sancionadores
Según el fiscal, este expediente ha seguido la misma tramitación que otros de similar naturaleza, descartando que se haya actuado de una forma distinta como supuesto trato de favor. De igual forma, el escrito que archiva la investigación señala que la carencia de medios personales y materiales del departamento de Urbanismo hace necesario que se jerarquicen las prioridades antes de proceder a la demolición y los técnicos consideran que es preferente concluir correctamente los expedientes sancionadores primero. De esa forma se consigue que no caduquen para obtener ingresos con los que realizar el posible derribo. No obstante, el fiscal destaca que las demoliciones ejecutadas por el Ayuntamiento callosino hasta la fecha «han brillado por su ausencia». Romero hace hincapié en que la nave en cuestión se ubica junto a otros inmuebles igualmente ilegales construidos antes de que Fran Maciá fuera alcalde y tampoco en esos casos fueron demolidos.
El fiscal certifica también que «el expediente sancionador, parejo al de restablecimiento de la legalidad urbanística, está siguiendo todos sus trámites» y se han rechazado las solicitudes de reducción de la multa pedidas por la empresa «lo que no es muestra de trato de favor. El escrito concluye que «hasta la fecha no ha transcurrido el plazo necesario para hacer efectivo el decreto de demolición y no concurre ni la prescripción ni la caducidad del expediente».
La nave tiene 600 metros cuadrados y se encuentra junto a otras instalaciones industriales. Las obras fueron detectadas en julio de 2016 por un inspector del Ayuntamiento cuando se encontraban al 25% de ejecución. El 20 de septiembre de ese mismo año la obra ya estaba totalmente terminada y en funcionamiento. Durante todo ese tiempo el regidor defendió que se había actuado conforme a la normativa y, por el momento, el fiscal le da la razón.
