Los socios descontentos con la situación que se está viviendo en la Asociación de Personas con Diversidad Funcional (Adis) con sede en Orihuela no son uno ni dos ni tres. Son decenas de familiares de usuarios que ayer decidieron no acudir a la asamblea convocada para ratificar a la nueva junta directiva, con Lourdes Pérez como presidenta. Mientras la reunión se celebraba en la sede, ellos se concentraron en la puerta para reclamar la dimisión de los responsables porque «no les representan», exigiendo unas elecciones «libres y transparentes donde las decisiones las tomen los padres».
El encuentro se celebró en un edificio blindado por dos guardias de seguridad. La junta directiva prohibió a los medios de comunicación el acceso, ni siquiera para hacer fotos. La edil de Bienestar Social, Sabina Galindo, tampoco intercedió, aunque se trata de un edificio municipal. Entre los que se quedaron fuera se encontraban padres y madres de usuarios que aseguran que han sido expulsados, socios descontentos y hasta voluntarios a los que se impidió seguir ejerciendo una labor altruista. Todos ellos se preguntan cómo es posible que la asociación esté gastando dinero en personal de seguridad, cartas certificadas o burofaxes y exigieron que las familias vuelvan a tomar el control de ADIS.
