Los trabajadores del Ayuntamiento de San Fulgencio se sienten utilizados en la guerra que libran los grupos políticos del gobierno y la oposición. La plantilla recibe desde hace más de 15 años complementos salariales que suponen un gasto de 240.000 euros por anualidad. Dichos pagos han sido denunciados por el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), que considera que son sobresueldos irregulares disfrazados bajo el concepto de «productividad». Aunque este grupo ha exigido en diversas ocasiones al alcalde, Carlos Ramírez, que deje de pagarlos, éste se niega y prefiere que sean los jueces quienes digan qué hay que hacer. Mientras tanto los empleados «lamentan que se les instrumentalice en la lucha de los partidos políticos» y advierten que ese es «un juego en el que no entran».
El juzgado de lo contencioso-administrativo Número 1 de Elche ha asumido la investigación de los hechos. El dos de febrero envió un escrito al Ayuntamiento para exigir que se le hiciera entrega de cierta documentación relativa a este asunto. Los papeles se estaban reclamando desde el 20 de octubre de 2017 y no habían sido remitidos. Por ese motivo se amenazó con poner multas coercitivas a los responsables de no enviar el expediente, incluido el alcalde. A ese respecto, la plantilla de trabajadores aseguró ayer que es «rotundamente falso» que no haya sido enviada al juzgado documentación requerida. Mantienen que se les ha enviado hasta tres veces y que está registrado, aunque en dicha diligencia judicial se apunta lo contrario.
Desmentido
El alcalde Ramírez afirmó que está al tanto de toda la investigación pero aseguró que hasta el momento no ha sido llamado a declarar en sede judicial. Sin embargo, mantuvo que sí habían sido citados algunos funcionarios del consistorio, afirmación que ayer desmintió la plantilla. Los trabajadores defendieron que esos sobresueldos o productividades los está ingresando la mayoría de los trabajadores desde hace más de 15 años «habiendo sido abonado por los sucesivos equipos de gobierno, sin excepción».
En la denuncia que ha dado lugar a este investigación se apuntaba a que los pagos se realizan de forma mensual, con cantidades fijas y sin informes que expliquen por qué se abona, com exige la normativa. El propio regidor admitió que, quizá, los políticos que aprobaron esos pagos en un principio lo hicieron de forma irregular, aunque cree que tras tantos años es un derecho que ha consolidado la plantilla. A ese respecto aseguró que también él ha aprobado pagos en concepto de productividad pero cada mes se redactan informes que lo justifican y cuando el trabajador está de vacaciones no lo cobra. Sin embargo eso es algo que no ocurre en el resto de casos, lo que ha motivado la investigación judicial.
