15 de febrero de 2018
15.02.2018
San Fulgencio

Un juez investiga el pago de 240.000 euros en sobresueldos a funcionarios en San Fulgencio

El PIPN denunció que el 90% de la plantilla percibe complementos salariales fijos disfrazados como «productividad»

15.02.2018 | 11:47
El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, dirigiendo una sesión plenaria.

El juzgado amenaza con multar al alcalde con 1.200 euros si no le facilita los datos.

El juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche está investigando los sobresueldos que percibe el 90% de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de San Fulgencio, gobernado por Carlos Ramírez. Son conceptos que se pagan mes a mes, en cantidades fijas y bajo la fórmula de «productividad». La suma que abona la administración local por este concepto ronda los 240.000 euros al año y el grupo del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) cree que se está cometiendo una irregularidad.

Fue el PIPN, en la oposición, el que registró una denuncia por estos hechos hace casi dos años. Según admitió ayer el propio regidor, algunos funcionarios ya han prestado declaración en sede judicial por este asunto. La investigación no está resultando sencilla si se tiene en cuenta que el juzgado está reclamando al Ayuntamiento diversa documentación que, por motivos que se desconocen, no ha sido enviada. Dicha notificación fue registrada en el Ayuntamiento el 20 de octubre de 2017 y existe un acuse de recibo que demuestra que el requerimiento llegó, sin embargo se hizo caso omiso. Ahora desde el juzgado se ha tomado una determinación: o se envía el expediente que reclaman o comenzarán a interponer sanciones. La diligencia señala que las multas coercitivas podrán ser de entre 300 y 1.200 euros al responsable de no haber remitido la documentación exigida. En ese sentido «se apercibe personalmente al alcalde... de que se le impondrá multa coercitiva en el supuesto de que la administración demandada no cumpla con el requerimiento en el plazo concedido». Se dice además que esa multa se reiterará cada 20 días mientras no cumpla. El plazo para enviar ese expediente acabó el lunes, pero el regidor aseguró ayer a este diario que él «no sabe nada de ese asunto». Dijo que personalmente no se le ha entregado ese requerimiento y cree que tendrá que responder, en su caso, el funcionario al que corresponda esa tarea.

El asunto de las supuestas productividades irregulares se ha debatido varias veces en las sesiones de pleno. Por ejemplo, en el celebrado el 25 de mayo el regidor admitía que «la definición de productividad no es esa», en relación a pagar un montante fijo en el tiempo pero insistió en que, a su juicio, «es un derecho consolidado». «Las que yo he puesto si llevan mensualmente un informe de lo que hacen de más y yo le asigno una cantidad, y eso si que es variable. Y los meses que esas personas están de vacaciones no cobran productividad... El resto, pues ya está puesto ahí muchos años y eso, ¿quién lo va a quitar?».

«Intocables»

El mismo asunto se abordó en la sesión del 25 de mayo de 2017, cuando el primer edil señaló que «es un tema delicado porque es dinero». Consideró que « las vacaciones y el sueldo son intocables. Para tocarlo hay que tener un par de huevos», añadió Ramírez, quien dijo que será la justicia la que se pronuncie. Mientras tanto la edil del PIPN Charo Mejías ha recriminado en diversos plenos al alcalde que no haga nada al respecto aún admitiendo que lo que se está pagando no se puede justificar como productividad. «No estamos hablando de que se esté pagando por realizar horas extra. Si un trabajador tiene un horario de 8 a 15 horas y en ese tiempo está trabajando, ¿por qué se le paga una productividad? Se da por hecho que tiene que rendir durante sus horas de trabajo», señaló la edil a este diario. Mejías dijo que, por ejemplo, el responsable de Intervención cobra una productividad de 1.200 euros al mes y el de Secretaría 1.140 euros y que el regidor es el responsable de mantener esa situación.

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