Los portavoces de los dos grupos de la oposición en San Miguel de Salinas han recuperado el sueldo que perdieron en 2015. Bienvenida Campillo (Izquierda Unida) y José Antonio Carrasco (PSOE) comenzarán a cobrar ahora 14.800 euros brutos anuales. La medida se justifica en que la Administración local ha liquidado la mayor parte de la deuda que arrastraba, por lo que tiene más margen de gasto. Además, los dos concejales están participando ahora en más reuniones de trabajo para sentar las bases del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El trabajo se tiene que empezar desde cero puesto que el anterior instrumento urbanístico fue tumbado por el Tribunal Supremo. La corporación persigue que el nuevo proyecto nazca del consenso de todos los grupos políticos.

Las retribuciones que venían percibiendo Campillo y Carrasco desde el inicio de este mandato se basaban en indemnizaciones por asistencia a las sesiones de pleno y a reuniones de órganos colegiados. Entre 2011 y 2015 sí percibían un sueldo fijo, pero tras las elecciones no lo mantuvieron. Según los dos portavoces, se decidió que no siguieran con salario fijo por los aprietos económicos de la Administración local. Ahora se ha cambiado de parecer debido a la mejoría económica y porque están participando en más reuniones para abordar los asuntos urbanísticos.

El concejal del ramo, Sergio Correas, explicó ayer que para solventar la anulación del Plan General se está trabajando en primer lugar en hacer una modificación de las Normas Subsidiarias que regían el urbanismo del municipio desde 1987 y que están ahora en vigor. Correas apuntó que el trabajo se centrará en adaptarlas a la normativa autonómica para «solucionar sobre todo problemas que se dan en el casco urbano, con una actualización de la planimetría, ordenar los retranqueos, la altura de muros...». El edil afirmó que no se reclasificará ni un metro de suelo y sólo se tratará de afrontar los problemas más graves creados después de que el PGOU fuera anulado.

En paralelo, los cuatro grupos integrados en la corporación empezarán igualmente a sentar las bases para impulsar un nuevo Plan General. El anterior daba cabida a la construcción de 45.000 viviendas en un municipio que cuenta con menos de 6.000 habitantes. Fueron la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel y Amigos de Sierra Escalona (ASE) los dos colectivos que presentaron un recurso debido a que la aprobación se realizó sin evaluación ambiental estratégica. El TSJ anuló un acuerdo de octubre de 2008 por el cual se aprobó definitivamente el PGOU y el Ayuntamiento y la Generalitat recurrieron al Supremo, pero perdieron.

Algunas de las cuestiones sobre el nuevo Plan General se abordarán la semana próxima en una reunión con el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer. El encuentro podría servir también para tratar la puesta en marcha del Plan Zonal de residuos y la protección de Sierra Escalona, según señalaron ayer los concejales.