El alcalde de Callosa de Segura, el socialista Fran Maciá, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de prevaricación por omisión. El Ministerio Público ha abierto una causa para indagar por qué el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida dirigida a la restauración de la legalidad urbanística tras la construcción de una nave sin licencia ubicada en suelo rústico. El inmueble pertenece a una empresa vinculada a familiares del regidor, que ya ha prestado declaración por estos hechos. Su antecesor en el cargo, Javier Pérez, fue quien registró la denuncia que ha dado lugar a esta investigación.
La nave tiene 600 metros cuadrados y se encuentra junto a otras instalaciones industriales. Las obras fueron detectadas en julio de 2016 por un inspector del Ayuntamiento cuando se encontraban al 25% de ejecución. Según se recoge en la denuncia, el consistorio lo notificó de forma incorrecta a los infractores y entre recursos y supuestos problemas de notificación del expediente fueron pasando los meses. El 20 de septiembre de ese mismo año ya estaba totalmente terminada y en funcionamiento.
Ya en enero de 2017, el regidor dictó un decreto para incoar el procedimiento para la restauración de la legalidad urbanística, dando un plazo de 15 días para formular alegaciones. Como no hubo reclamación alguna, en febrero Maciá firmó otro decreto por el cual se acordaba la demolición de la construcción ilegal, dando un plazo de un mes para el cumplimiento voluntario de esa orden. Contra esa medida se formularon alegaciones, que fueron desestimadas. Por otro lado, el Ayuntamiento inició un procedimiento sancionador contra la mercantil, Alocén Desarrollos SA.
Lo cierto es que ha transcurrido ya un año y la nave sigue en pie y, según el denunciante, su actividad se desarrolla con plena normalidad. Por todo ello, el fiscal Pablo José Romero «no alcanza a comprender el motivo por el que hasta la fecha no se ha procedido a restaurar la legalidad urbanística», porque el decreto que firmó el alcalde se convirtió en firme en junio de 2017 «sin que hasta el momento se haya adoptado ninguna medida dirigida a la restauración de la legalidad urbanística quebrantada, por lo que el expediente sancionador y su posterior tramitación y resolución han sido completamente ineficaces dada la falta de acción del Ayuntamiento». Para la Fiscalía, el responsable de la falta de acciones para devolver la normalidad urbanística es Maciá, quien «debería de haber dado los pasos necesarios para que se cumpliera lo que él mismo había resuelto».
