El regidor callosino, Fran Maciá, explicó a este diario que se ha impuesto una multa a la empresa que ha ejecutado la nave sin licencia sobre terreno rústico. El alcalde admitió que ya ha acudido a declarar ante el fiscal por estos hechos y dijo que confía en que la causa se acabe archivando, al igual que se archivó la anterior que interpuso Javier Pérez por este mismo asunto.
En su declaración en Fiscalía, Maciá dijo que el trámite ordinario para actuar en este tipo de casos pasa por «notificar el decreto y resolver el recurso de reposición del interesado si lo hubiere. Una vez que el decreto acordando la demolición pasa a ser firme, se procede a incoar el expediente sancionador con la finalidad de imponer multa». Según el primer edil, una vez que termina el proceso sancionador se pone en marcha el de restauración de la legalidad. Cree que todavía «está en el plazo en el que lo puede hacer». Según le trasladó Maciá al fiscal Pablo José Romero, en el Ayuntamiento que preside desde 2015 no encontró ningún expediente en el que se hubiera ejecutado un proceso de restauración de la legalidad urbanística, ni la ejecución de la demolición de alguna obra ni ninguna multa coercitiva a infractores. «Lo que sí encontré fueron expedientes sancionadores o de restauración de la legalidad que habían caducado». Aseguró además que el equipo de gobierno trabaja para que no prescriba ningún expediente más.
