El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TRLCSP) , dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha vuelto a bloquear el procedimiento de adjudicación de la contrata de las basuras y limpieza viaria de San Fulgencio. La primera vez lo tumbó por los recursos de dos empresas que se presentaron al concurso y denunciaron algunos de los criterios incluidos en el pliego. Ahora ha sido la oposición la que ha conseguido que se paralice tras alegar que se han cometido supuestas irregularidades que el alcalde, Carlos Ramírez, negó ayer.

El inicio de este procedimiento judicial ha motivado que el tribunal haya requerido al Ayuntamiento la entrega de todo el expediente relativo al contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, una documentación que según Ramírez ya ha sido enviada. El pleno acordó el 20 de diciembre adjudicar el servicio a una empresa durante 22 años y por un coste de 15.886.369 euros. El trámite salió adelante con los votos a favor del alcalde -condenado a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricar-, cinco ediles expulsados del PP y un concejal de UPyD que les da la mayoría. La oposición, formada por el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) y el PSOE votó en contra y lo puso en conocimiento de los jueces.

Los recursos presentados por los dos partidos de la oposición apuntaron casi a las mismas causas para pedir el bloqueo. Una de ellas es que el equipo de gobierno hizo caso omiso de un informe solicitado por el propio regidor al secretario. En el documento se advertía del incumplimiento del pliego al haberse presentado fuera de plazo los escritos de aclaración de dudas por parte de las empresas interesadas en concurrir a la licitación del servicio, entre ellas la que resultaría después adjudicataria la UTE Entorno Urbano y Medio Ambiente-Acciona. Además, las concejalas del PIPN denunciaron que la adjudicación por 22 años vulnera los artículos del TRLCSP porque no debía tramitarse como una concesión de contrato de servicios sino un contrato de servicios. Se apuntó asimismo a que se incluyeron cláusulas técnicas que revelan que el adjudicatario no asumirá riesgo alguno derivado de la explotación del servicio y la empresa no tiene previsión específica de que sus ingresos dependan del mayor o menor uso del servicio que hagan los vecinos.

«Es legal»

Por su parte, el alcalde restó importancia a este asunto, defendió la legalidad del trámite realizado desde la administración local y dijo que el citado Tribunal paraliza de oficio los procedimientos cuando se presenta algún recurso. «Cuando se aprobó el contrato de los jardines, hace un año, también recurrieron y el Ayuntamiento ganó. Es lo mismo que espero ahora. Pero si no es así, no hay ningún problema. Se vuelve a sacar (el concurso) y punto. No tengo más interés que el que los vecinos tengan un servicio de recogida de basuras de calidad», aseveró.