Lo han vuelto hacer y están de enhorabuena. Stop Desahucios y la Red Solidaria Popular Soledad Díez consiguieron ayer suspender el desahucio de una familia con tres niños que reside en Catral. Los afectados debían abandonar la vivienda por orden judicial pero la entidad bancaria propietaria del inmueble aceptó en el último momento una moratoria de 60 días. Ahora tratarán de negociar una rebaja en el precio que pagan por residir en esta casa a través de un alquiler social. La jornada acabó entre abrazos al grito de «¡Sí se puede!».

La familia afectada por este caso está formada por un matrimonio de origen magrebí y sus tres hijos, de 3, 7 y 12 años. Hasta hace tres años eran propietarios de la vivienda pero el impago de la hipoteca llevó al banco a impulsar el procedimiento de desahucio. La negociación de los colectivos sociales consiguió en ese momento que la entidad les permitiera seguir viviendo allí pagando un alquiler social de 250 euros. A cambio, el banco pasó a ser el propietario de la vivienda. Sin embargo esas condiciones cambiaron tiempo después y el precio del alquiler se incrementó a 350 euros. El matrimonio no ha podido hacer frente a las cuotas debido a que no tiene trabajo fijo y sus pocos ingresos los dedican a pagar los suministros básicos y a cubrir las necesidades de los pequeños, según aseveró el portavoz de Stop Desahucios Orihuela, José Andrés Berná.

La notificación que indicaba que ayer era la fecha del desahucio llegó a esta familia el pasado viernes y el colectivo social impulsó una negociación in extremis con el banco para tratar de paralizarlo. La entidad se comprometió a retrasarlo al menos durante dos meses y lo notificó al juzgado. Sin embargo, los activistas tenían miedo de que esa notificación, que se hizo efectiva ayer mismo, no llegara a la comisión judicial que debía de ejecutar el lanzamiento. No obstante eso es algo que no llegó a suceder.

Aún así, decenas de personas se concentraron ayer junto a la vivienda para arropar a la familia. Berná explicó que en otras ocasiones esa notificación del juzgado no ha llegado a tiempo a los agentes judiciales y se ha acabado produciendo el desalojo, por lo que querían evitar que ayer ocurriera de nuevo.

«Cuando ocurren estos casos no culpamos a los juzgados ni agentes judiciales, sino a la falta de personal y departamentos de los que están dotados los juzgados», expresaron desde Stop Desahucios, que reclamaron «que no haya casas sin gente ni gente sin casas». Berná añadió que ahora buscarán ayuda en los servicios sociales de Catral para ayudar a esta familia que, por segunda vez, ha conseguido no ser expulsada de la vivienda.